¿Es posible el diálogo?

Los nuevos ministros posesionados por el presidente Morales, el pasado 23 de enero, ni siquiera tomaron posesión de sus despachos y en pocas horas comenzaron a instalar mesas de diálogo para resolver los conflictos que han estado acosando al Gobierno. El primero de ellos ha sido el que tiene enfrentados a los departamentos de Tarija y
Chuquisaca por la disputa de la renta petrolera del campo Margarita, ubicado en el límite entre ambas regiones.

Una jornada de negociaciones de más de diez horas no ha sido suficiente para destrabar por completo el problema, causante de un paro y bloqueo que ha frenado por más de una semana gran parte del comercio exterior y que mantuvo cerradas las fronteras con Argentina y Paraguay. De cualquier forma, la suspensión de la medida de protesta ha sido un gran avance y un éxito que se anotaron los operadores gubernamentales.

El Gobierno está sumamente urgido de desbaratar los conflictos. Por primera en seis años se lo nota preocupado y obviamente, pretende que el 2012 no sea peor que la gestión anterior, plagada de problemas que se constituyeron en el punto de inflexión de la popularidad y la construcción hegemónica del “proceso de cambio”. Precisamente esa es la tendencia que se busca revertir, con miras a la recuperación de un perfil gubernamental que le asegure a Evo Morales la continuidad que busca más allá del 2014 y que sin duda alguna está amenazada por el fantasma de la inestabilidad.

La tarea será ardua, pues antes que nada, el Gobierno necesita recuperar la credibilidad frente a numerosos actores que han anidado una fuerte desconfianza en los propósitos del régimen. Las regiones y sus líderes, especialmente los que han manifestado puntos de disidencia con el oficialismo, han sido víctimas de un incesante acecho y ahora se ven las consecuencias en posiciones irreconciliables, que se producen no solo en el sur del país, sino también en el Altiplano, entre Oruro y Potosí, donde existe otra bomba de tiempo en cuya activación tuvo mucho que ver la mano del Gobierno central, siempre dispuesto a generar confrontación, porque hasta ahora siempre se había beneficiado de ella. No por nada, la administración Morales ha batido todos los récords en materia conflictiva. La diferencia es que hoy se vuelcan contra él y comienzan a perjudicarlo.

Toda la responsabilidad para atender los conflictos recae en manos del oficialismo. La oposición partidaria, las fuerzas regionales disidentes y otros actores que hicieron resistencia hasta el 2008, prácticamente han desaparecido y su incidencia es nula en los actuales problemas. En vano el Gobierno ha tratado de culpar a la derecha, a USAID y a otros actores reales e imaginarios por lo ocurrido con el Tipnis, lo de Yapacaní y demás escenarios. Ya sea por acción o por omisión, el MAS ha sido el principal protagonista y ahora tiene que poner todo de su parte para buscar el diálogo y las soluciones concertadas.

Eso lo va a conseguir solo si es capaz de generar confianza entre los sectores en conflicto, si se decide a actuar con transparencia, de cara a las leyes y sin apelar a los atropellos que se traducen luego en malestar, rencores y también situaciones de odio que se observa en los bandos enfrentados. Han sido años de inyectar resentimiento y enemistad entre bolivianos y seguramente tomará tiempo un diálogo que por ahora se visualiza como imposible.