Cerrando el cerco a Santa Cruz

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz acaba de hacer una denuncia muy grave que tiene que ver con la persistente persecución que ejecuta el Gobierno en esta región, camuflada bajo el rótulo de control y fiscalización. De acuerdo a la información, la Fiscalía del Distrito ha cursado cartas a las empresas constructoras para que proporcionen datos sobre los compradores de viviendas en los condominios, procedimiento que no tiene respaldo legal y que viola el derecho a la privacidad. El empresario Luis Arce sospecha que la acción del Ministerio Público es intimidatoria y solo busca amedrentar a quienes realizan inversiones en el sector inmobiliario.

Otros observadores de esta irregular conducta estatal creen que se trata de una falsa lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico, ya que si el trámite tuviera buenas intenciones, se realizaría de manera transparente, utilizando los mecanismos estipulados por ley para actuar en estos casos, sobre todo aquellos que son recomendados por organismos internacionales que, dicho sea de paso, tienen bajo observación a Bolivia por el bajo interés con el que se combate este delito.

Los más suspicaces creen que el Gobierno solo está buscando otra manera de perfeccionar el cerco sobre Santa Cruz. El régimen ya utilizó el terrorismo y el separatismo para amedrentar a las élites cruceñas; nada le cuesta hacer lo mismo con el narcotráfico, inventado pruebas y pagando testigos, lo que además le ayudaría a presentar chivos expiatorios para aplacar las críticas internacionales que ya reniegan de la complacencia que existe en el país hacia el tráfico de drogas.

Las sospechas son justificadas después  de tanto oprobio causado a Santa Cruz bajo el rótulo de lucha contra el terrorismo. El Gobierno no solo ha demostrado que es capaz de hacer todo para impedir la actividad política en la región, sino que hace lo mismo en el campo económico y empresarial. El abuso de poder ha permitido la destrucción en tiempo récord de una empresa emblemática de la región y en el sector agroindustrial, es por demás conocida la gran cantidad de restricciones tendentes a menguar la capacidad productiva regional, que de hecho se ha visto afectada en los últimos años con una baja del volumen de sus exportaciones, pérdida de mercados y caída de las áreas de cultivo.

El hecho de negar la existencia de los mestizos es también un ataque que afecta sobre todo a Santa Cruz, pues es aquí donde se concentra la mayor población no indígena del país, mientras que para los mestizos de otras regiones siempre habrá una solución favorable, ya sea bajo el rótulo de “interculturales”, “colonizadores” o por último, con la absurda dimensión “indígena-originario-campesino”, que se presta para cualquier tipo de manipulación que se le ocurra al poder, que de hecho ya se inventó etnias híbridas como la “yuracaré-moxeña”.

Es obvio que el objetivo es apretar el torniquete, destruir y disminuir lo más que se pueda la capacidad productiva de esta región, para reemplazarla por la potencia del Chapare, donde los cocaleros sueñan con crear una nueva locomotora económica nacional basada en la economía de la coca y sus derivados. Y total, cuando Santa Cruz haya sido destruida, los que activaron todo este desbarajuste podrán decir que la culpa es de los “cambas flojos”.