Fronteras calientes

San Matías siempre ha sido una zona a la que vulgarmente llaman “tierra de nadie”, donde el crimen y el narcotráfico imponen sus reglas a las que frecuentemente suelen sumarse las propias autoridades cívicas y políticas. El asesinato de tres sujetos y el posterior linchamiento de dos ciudadanos brasileños, quemados vivos por los vecinos, es el reflejo de que las cosas se están poniendo aún más graves en esa región fronteriza con Brasil.

Lo peor de todo es que la violencia y todas las lacras que acarrea el tráfico de drogas no se circunscribe a San Matías, una población de apenas 12 mil habitantes, sino que trascienden hacia una inmensa área de influencia que abarca buena parte de la Chiquitania. Hay que ver lo que ocurre en San Ignacio, por ejemplo, para darse cuenta de los estragos que hace el auge del tráfico de cocaína hacia Brasil, el principal mercado de la droga boliviana.

Y el caso no solo tiene que ver con Santa Cruz, con seguridad, la región donde tienen mayor incidencia las mafias que operan con la droga. Ha quedado sin esclarecer el asesinato de la concejal  de Guayaramerín, Daguimar Ribera, quien había hecho denuncias sobre oscuros negocios que vinculan a dirigentes del oficialismo. Reportes diarios de la región amazónica, especialmente de Pando, la zona de Riberalta y sus alrededores, mencionan la incesante actividad de los traficantes que aprovechan la cercanía de Perú y Brasil para efectuar su comercio.

Hace unos días un extenso reportaje del diario Clarín de Buenos Aires, reflejó de manera amplia y detallada lo que viene ocurriendo en la localidad salteña de Salvador Mazza, vecina de las poblaciones de Pocitos y Yacuiba, en la frontera con Argentina. Solo para darse una idea, en los últimos años en el juzgado que atiende las causas de narcotráfico en Orán, se han acumulado más de 19 mil expedientes de detenidos, en su mayoría bolivianos que trafican con droga. La zona se ha vuelto peligrosa, está llena de delincuentes que cambian vehículos robados y otras mercaderías por droga. Mientras que las autoridades de Salta no saben qué hacer con la “lluvia de cocaína” que cae de las avionetas que pasan desde Bolivia, el Gobierno de Cristina Kirchner cae en la sospecha de actuar con permisividad frente este flagelo, lo mismo que ocurre con el Gobierno boliviano.

En la frontera con Paraguay también hay gran movimiento. Todos los días se conoce de grandes cargamentos que pasan desde Bolivia. Recientemente calcularon que más del 90 por ciento de la cocaína que se halla en territorio paraguayo tiene procedencia boliviana y tanto la Policía como la Fuerza Aérea insisten en arremeter con mayor dureza contra las “narcoavionetas” que violan el espacio aéreo.

En Brasil la paciencia parece haberse agotado y ante los regodeos bolivianos de iniciar ejercicios aéreos conjuntos, tropas del país vecinos se han movilizado masivamente por segunda vez en menos de un año hacia las fronteras, sobre todo con Bolivia y Perú, de donde proviene la mayor avalancha de cocaína.

Frente a esta situación ¿qué papel juega el Estado boliviano? Se han creado unidades especiales de las Fuerzas Armadas para reforzar el control en las regiones fronterizas, se han modernizado los regimientos y se ha creado una institución, la ADEMAF,  con amplios poderes y una extensa jurisdicción, supuestamente para evitar que sea el narcotráfico, las mafias y otras lacras las que sienten soberanía en esas zonas. Parece que la realidad es otra.