Cuando en el mes de junio el presidente ecuatoriano, Rafael Correa,
cobró un insólito y grotesco protagonismo en la 42 Asamblea de la OEA
celebrada en Cochabamba, comenzaron a circular versiones sobre las
implicancias que tendría para nuestro país ese acercamiento. Llegó
incluso a afirmarse que el líder guayaquileño estaba cubriendo en cierta
forma el vacío dejado por el venezolano Hugo Chávez, cuya enfermedad y
los avatares de la campaña para conseguir su tercera reelección le
impiden mantener una presencia activa como la que solía ejercer en
Bolivia, sin duda alguna la nación más influenciada por su proyecto
ideológico expansionista.
El modelo boliviano es una puesta en escena de todas las directrices
ejecutadas desde el eje Caracas-La Habana y todo indica que la impronta
ecuatoriana comienza también a aplicarse en Bolivia, en lo que respecta,
sobre todo, al modo cómo el régimen de Correa ha conseguido acorralar a
la prensa independiente de su país.
Desde el 2006, el Gobierno de Correa ha llevado adelante una guerra
indisimulada contra los medios de comunicación privados, a los que ha
sometido a normas draconianas, mediante las cuales ha conseguido
clausurar radios y televisoras, revertir sus concesiones y licencias y
en algunos casos nacionalizar sus activos con el fin de construir un
conglomerado mediático servil a sus intereses.
Correa aplicó el mismo libreto chavista, replicado en todos los países
bajo la influencia de Hugo Chávez, aunque, es correcto reconocerlo, en
el caso del ataque a la libertad de expresión y el pluralismo
informativo, el pupilo ecuatoriano, con su toque personal y su
verborragia beligerante, ha logrado superar al maestro, al punto que
hoy, su estrategia comienza a ser imitada en Argentina y, por desgracia,
también en Bolivia.
La táctica de Correa consiste en inundar de juicios a los medios
independientes. Casi no hay órgano de prensa privado en Ecuador que no
esté sometido a la persecución judicial ejercida desde el Gobierno con
el concurso oportuno de tribunales sometidos a los designios de la
política hegemónica. El régimen ecuatoriano ha llegado al extremo de
aplicar una sanción pecuniaria de diez millones de dólares contra el
diario El Universo, de Guayaquil, en castigo por una columna de opinión
que tuvo la osadía de criticarlo. Los periodistas ecuatorianos, al igual
que los líderes políticos de la oposición, viven hoy días aciagos,
abarrotados de juicios y amenazas, sometidos al temor y la autocensura,
situación que ha obligado a muchos a abandonar el país, mientras que el
autoritarismo reinante, manda a investigar, insulta y persigue incluso a
los ciudadanos que se expresan libremente en las redes sociales.
Es obvio que la más reciente arremetida del Gobierno de Evo Morales
contra los medios privados de Bolivia es un calco de las armas que está
usando Correa en Ecuador. Soquetear de juicios a los periodistas y a los
diarios parece ser el nuevo sendero de la persecución que se ha estado
ejecutando en el país contra otros sectores que ejercen la libertad de
disentir y propalar sus ideas. Esta nueva actitud, sumada a la falta de
justicia y el sometimiento de los tribunales al régimen gobernante son,
sin lugar a dudas, la carta de garantía para el ejercicio de una
dictadura que busca la sumisión de todos los estamentos de la sociedad y
la construcción de una autocracia que trata de imponer un monopolio de
la comunicación en el país.
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