La presidente de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo hace unos días que
atacar con fuerza a los contrabandistas de autos podría significar un
costo social muy alto, por lo que sugirió mantener cierta distancia para
no provocar muertos y heridos. Los malpensados creyeron que se trataba
de un falso argumento y que a lo mejor la funcionaria estaba tratando de
ponerse en sintonía con la postura del primer mandatario, quien
reconoce la existencia de una bancada parlamentaria compuesta por
“chuteros”. Pero como este sector no sabe de límites y el ingreso
desmedido de autos al país pone en peligro el equilibrio fiscal, porque
obliga al Estado a aumentar la importación de combustibles, el Gobierno
no puede dejar de cumplir su responsabilidad, aunque a algunos no les
guste, sobre todo cuando se trata de criminales. Y eso es precisamente
lo que han demostrado los “chuteros” recientemente en la localidad
potosina de Colchani, donde se recibieron a balazos a una patrulla
militar que interceptó una caravana de contrabandistas. El “costo
social” fue de un “chutero” muerto, uno detenido y cuatro vehículos
incautados. Las autoridades deben admitir que mientras más
condescendencia se muestre hacia ciertos grupos ilegales, mayor será el
costo social, económico y político. Parece que ya lo están analizando
mejor.
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