Por primera vez en siete años se produce un “privilegio” para Santa Cruz. Tal vez sea por la cercanía del 24 de septiembre. Casi la mitad de los 448 presos que han sido indultados por las autoridades judiciales chilenas, serán trasladados a esta capital, donde quedarán libres, con el compromiso de respetar las leyes bolivianas. El Gobierno chileno decidió beneficiar a los compatriotas con una Ley de Indulto, para descongestionar las cárceles de las ciudades fronterizas con Bolivia que se encuentran abarrotadas de bolivianos detenidos por delitos de narcotráfico. Pese a la liberación de casi medio millar de reos, todavía han quedado 300 detenidos en los centros de reclusión del vecino país y al ritmo que van las cosas, con varias detenciones diarias, no tardará en agravarse el problema. Algo parecido se está generando en las cárceles de Salta, Jujuy y otras provincias del norte argentino que colindan con Bolivia, donde el auge del narcotráfico es muy grande. Solo en la localidad salteña de Orán, vecina de Bermejo, hay acumuladas 19 mil causas por narcotráfico, la mayoría con detenidos bolivianos. La pregunta es ¿qué va a pasar si el indulto también lo aplican los argentinos, paraguayos, peruanos y brasileños?
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