El régimen del ecuatoriano Rafael Correa se ha dado un lujo irrepetible. Con el asilo político otorgado al polémico Julian Assange, responsable de filtrar millones de documentos privados a través
de su portal WikiLeaks, le ha dado un portazo en las narices a los
gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, que se relamían por
echarle el guante al activista australiano, quien permanece refugiado en
la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio, tratando de
evadir su extradición. Ecuador ha intentado darle cátedra a las tres
potencias sobre lo que es un debido proceso, la protección a los
derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, la observancia
de las normas internacionales sobre el asilo y las leyes que vigilan por
un trato justo y humano a las personas. Uno de los primeros países en
apoyar la decisión de Rafael Correa ha sido precisamente Bolivia, país
que se niega a respetar los mismos derechos, pero que en este caso le
corresponden al senador Róger Pinto, acusado de minucias en comparación a
las denuncias que existen en contra de Assange. Quién lo diría, Ecuador
y Bolivia, dos países donde se practica la persecución política y se
arremete contra la prensa libre, tratando de ponerse de ejemplos ante el
mundo. De cualquier forma, bien por Assange.
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