La señal más clara de este fenómeno patológico es el Presupuesto General del Estado del 2013, que asigna 86 mil millones de bolivianos a las empresas estatales, es decir el 48 por ciento de los fondos disponibles, mientras que los recursos para salud y educación apenas llegan a los 25 mil millones de bolivianos, equivalente a un tercio de la primera cifra.
El argumento oficial trata de justificar semejante inversión es la supuesta productividad del país y el carácter estratégico de las industrias beneficiadas con tanto dinero. A excepción de YPFB, cuya estructura de producción y mercados son heredados de la Capitalización y por lo tanto, la única que genera rentabilidad, el resto de las empresas creadas por el actual Gobierno siguen siendo una promesa cada vez más lejana aunque no dejan de consumir dinero que podría ser invertido en el área social, en infraestructura o en la promoción de las inversiones privadas que tanta falta nos hacen.
Los datos son muy claros. De los 86 mil millones de bolivianos mencionados, casi la mitad, es decir 39 mil millones corresponden a gastos corrientes, en su mayor parte sueldos y salarios que obviamente distorsionan cualquier tipo de inversión productiva. Solo hace falta ver el caso de la mina Huanuni, donde las contrataciones de personal se quintuplicaron sin producir ni un gramo adicional de mineral, para darse cuenta del criterio que manejan los administradores estatales, sin mencionar desde luego el componente de corrupción que es fundamental.
La historia de este país y de todas las naciones que se ha inclinado por la economía estatista nos indica que casi todo ese dinero apenas sirve para alimentar una costosa burocracia que termina canibalizando los proyectos y por ende destruyendo toda posibilidad de desarrollo, que en este caso significa echar a perder el periodo de mayor bonanza económica que ha vivido Bolivia desde su nacimiento. En Bolivia esta destructividad es creciente. En el 2005, el estatismo abarcaba el 23 por ciento del presupuesto; hoy llega al 48 por ciento y la meta del Gobierno es llegar al 75 por ciento. Un suicidio.
Los expertos se preguntan qué va a ser de Bolivia cuando se termine este verano de precios que ya lleva una década. Nuestro país no ha conseguido iniciar un proceso mínimo de industrialización, en la parte social, especialmente en la formación de recursos humanos hemos avanzado muy poco y tampoco se ha hecho lo suficiente para diversificar la economía, cuando menos, fortalecer el sector agropecuario para reducir la dependencia de la minería y los hidrocarburos.
Y mientras Bolivia ve pasar los millones que se van en aviones, helicópteros, museos, palacios y satélites, además de elefantes blancos, otras naciones vecinas, especialmente Perú, Brasil y Chile, avanzan a trancos largos en la superación de viejos problemas estructurales, al mismo tiempo que se ponen los pantalones largos en materia de industria y fortalecimiento integral de su aparato económico.
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