La mayor sorpresa la dio nada menos que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien lanzó una amenaza que ha sido calificada como “exabrupto” por su colega de Gobierno, Carlos Romero. La dignataria dijo que todo aquel que denuncie a los integrantes de la red mafiosa, que dicho sea de paso, había penetrado también la cartera de Suxo, será investigado y enjuiciado por supuesto delito de cohecho. Esto, lógicamente, tiende a frenar el proceso de esclarecimiento que necesariamente debe recibir el aporte de todos los ciudadanos que fueron víctimas de los abusos cometidos.
La intervención de la ministra ha causado malestar, sobre todo en la ciudadanía que observa con estupor cómo las ramificaciones del grupo identificado se van extendiendo y amenaza con tocar altos personajes del régimen gobernante. La gente quiere conocer a todos los involucrados, sin importar el cargo, porque no se puede convivir en paz sabiendo que hay un Estado que tiene entre sus filas a sujetos tan nocivos. Por otro lado, la población sospecha y algunos miembros del oficialismo lo han mencionado claramente, que la llamada “banda de los abogados” ha actuado en muchos otros casos, uno de ellos, el montaje de terrorismo y separatismo que ha llevado a juicio a decenas de personas y al exilio forzado a otro tanto, sin mencionar aquellos que han tenido que pagar altas cifras de dinero para no ser relacionados con esta patraña.
El otro riesgo que existe es la politización del caso. Son evidentes los signos de interferencia del Órgano Ejecutivo sobre los operadores de la justicia que deben actuar para el esclarecimiento total. La Fiscalía ya expresó una queja concreta, mientras que las acusaciones van y vienen de uno y otro sector. En la Asamblea Legislativa también hay intentos por crear comisiones, grupos de investigación y otras instancias que si bien podrían coadyuvar, la experiencia nos indica que no hacen más que acarrear dilación y confusión. La más perjudicial ha sido la propuesta de apelar a una comisión internacional que haga una auditoría de los casos en los que intervino la banda. Este procedimiento corre el peligro de convertirse en una réplica de la lamentable actuación de la comisión Matarrollo en el caso Porvenir, que no hizo más que justificar el terrorismo de Estado.
Por último, está el mecanismo del miedo, un instrumento que ha usado este régimen a la perfección. Acaba de ser asesinado en circunstancias muy sospechosas el exdirigente cívico de Pando, Vicente Rocha, una pieza clave para desenmascarar a los verdaderos autores de las muertes del 2008 en Pando. Como se ha mencionado, todos estos hechos están íntimamente conectados y obviamente, las cosas que están sucediendo solo tienden a mantener el cordón de persecución que ha estado operando estos años.
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