La extorsión parece ser la actividad más común de la política en estos tiempos. El presidente de la Asociación de Productores de Soya (Anapo), Demetrio Pérez acaba de confirmarlo. Según una reciente denuncia, una banda compuesta por ex funcionarios del INRA y del Viceministerio de Tierras ha hecho del chantaje a los productores una profesión. Los agricultores extranjeros, especialmente los brasileños, son sus presas favoritas, a quienes les cobran sumas exorbitantes por protegerlos (de ellos mismos por supuesto). Asegura que a quienes se rehúsan a cooperar les invaden sus tierras, les destruyen sus cultivos, rocían con químicos las tierras y recurren a todo tipo de vandalismo. Pérez dice que el Gobierno los conoce perfectamente y que
incluso, muchos de éstos extorsionadores han estado detenidos, pero han salido libres con mucha facilidad. Lo peor es que las autoridades de las provincias se niegan a recibir las denuncias y en otros casos actúan al revés, es decir, azuzados por los criminales, se estrellan contra los productores. Hace unos días el ministro de Gobierno anunció que actuará con mano dura contra estos grupos. Lo hizo luego de que la Embajada de Brasil interpusiera una queja. Todo esto parece haberlo dicho Demetrio Pérez, como para que nadie salga después haciéndose el gil.
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