sabía), del grave problema de los avasallamientos de tierras que están ocurriendo desde hace años en la zona más productiva de Santa Cruz, con características muy similares a los hechos de extorsión que se han destapado en el último mes en la región.
Luego de ese encuentro, el ministro habló de manera muy vehemente y prometió descuartizar toda una organización que está actuando alrededor de la invasión de tierras, la destrucción de cultivos, el chantaje y numerosos actos de vandalismo. En palabras muy fuertes, Romero dijo que no le interesa actuar en uno u otro hecho puntual, sin que está dispuesto a cortar la cabeza de estas bandas delincuenciales.
Insistimos, ha pasado un mes y las quejas continúan. El presidente de la Asociación de Productores de Soya (ANAPO), Demetrio Pérez ha lamentado la falta de acción de las autoridades en relación a estos grupos, que según él, son de pleno conocimiento del Gobierno, pues vienen actuando desde hace mucho, protegidos por instancias públicas. Ha precisado que las bandas de extorsionadores están compuestas por ex funcionarios del INRA y el Viceministerio de Tierras que tienen excelentes contactos dentro de las instancias de poder oficial y que por supuesto, gozan de privilegios en la justicia.
Tal como ha sucedido con los casos de extorsión denunciados recientemente, las bandas que actúan en los campos productivos y sobre todo contra agricultores extranjeros, tienen suficientes influencias como para burlar a la justicia, impedir que prosperen las denuncias de las víctimas y mucho más todavía, para volcar los procesos en contra de los productores. Pérez insiste en que el Gobierno conoce todos estos procedimientos desde hace mucho y lo que lamenta es la inacción, la protección y el incentivo a estas acciones.
El dirigente agropecuario lamenta con mucho pesar, el ensañamiento con el que actúan los avasalladores, pues en decenas de haciendas han procedido a dañar cultivos con sustancias químicas, han quemado
instalaciones, han robado y destruido maquinaria y por supuesto, han golpeado y amedrentado a los propietarios, a quienes presionan de esta forma para conseguir dinero en efectivo. Y tal como lo hace la mafia que se observa en las películas, estos sujetos, piden grandes sumas a cambio de protección (de ellos mismos).
Resulta muy curioso que casi todos los hechos de extorsión descubiertos involucren a Santa Cruz y que hayan sido perpetrados en todos los ámbitos del quehacer regional, incluyendo también a la agropecuaria, la base de la economía de esta parte del país. Esta realidad es claramente el resultado de un ensañamiento bien calculado y organizado contra el oriente boliviano, con la lamentable complicidad de algunos dirigentes locales que contribuyen con su silencio. En el caso de los agropecuarios de la misma forma que pasó
con Ostreicher, de no haber sido por la intervención de la Embajada de Brasil, estos casos seguirían en el anonimato y con los ministros actuando como “giles”, tal como lo ha sugerido un ex funcionario del Ministerio de Gobierno.
No cabe duda que toda la extorsión acometida contra el oriente, sigue un mismo patrón de la geopolítica andina que busca la destrucción de las estructuras culturales, productivas y sociales de la región.
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