viernes, 6 de mayo de 2011

El plan ‘infalible’


Cuando el Gobierno decidió suspender la elección de las autoridades del Órgano Judicial que estaban previstas para diciembre del año pasado, dio una señal muy clara de que su capital político se estaba agotando. Había sido gravemente herido el 4 de abril del 2010, en los comicios para elegir alcaldes y gobernadores, cuyo resultado no dejó ni rastros del 64 por ciento que había obtenido cuatro meses antes el MAS y que le permitió la reelección de Evo Morales. 

El problema es que un régimen populista es por esencia referendario (ha habido seis procesos electorales desde el 2005), lo que le permite conservar su fachada democrática. De ahí la urgencia del oficialismo de convocar a un nuevo acto eleccionario para septiembre, aunque para conseguir una nueva victoria –imposible en condiciones normales-,  ha diseñado un “plan infalible” y obviamente, de una insulsez proverbial.

Operativamente, el MAS no necesita ir a elecciones judiciales. Todo el sistema judicial le pertenece y juega a su favor. La oposición no tiene el peso político para exigir comicios y sería absurdo hacerlo, sabiendo que el oficialismo es capaz de diseñar las normas, fijar los procedimientos, imponer los candidatos y hacer todo lo necesario para conseguir un triunfo. 

De hecho ya lo hizo con la nueva Ley del Régimen Electoral, que fija reglas insólitas para las campañas en las que casi todo está prohibido, incluso difundir los nombres, los antecedentes y por supuesto, las ideas de los candidatos. En estas condiciones y tal como lo apuntan bien algunos observadores, el país podría ahorrarse una buena cantidad de recursos si el presidente decidiera designar a dedo a jueces, magistrados y miembros de los diferentes tribunales. Es más, la situación de la justicia no cambiaría casi en nada si se optara por esta salida.

El único objetivo del MAS para convocar a los comicios de septiembre es tratar de desmentir la marea de encuestas que colocan al presidente Morales en situaciones penosas, en comparación con el respaldo ciudadano que tenía antes de diciembre de 2010. 

El Gobierno busca desesperadamente oxígeno político tras las reiteradas muestras de rechazo y descontento popular que parecen multiplicarse. El truco está en diseñar un plan que le permita nombrar los candidatos y mantenerlos casi en el anonimato, de tal manera que la ciudadanía no tenga la opción de reclamar, rechiflar y maldecir contra nadie, especialmente contra el oficialismo, que ha sido blanco de todo ese tipo de expresiones durante los últimos meses. 

Para el MAS, se trata de una apuesta segura, como aquella que le funcionó perfectamente en el Referéndum Revocatorio de agosto de 2008, aunque se debe considerar que el escenario es totalmente distinto y sobre todo, la obnubilación que tenía gran parte de la población con “el Evo” parece haberse disipado. Este fenómeno es mucho más claro respecto del sector del Gobierno encabezado por el vicepresidente Álvaro García Linera, de ahí que es justamente él quien aparece como el conductor natural del proceso eleccionario, que tendrá su base en la designación de los postulantes a jueces en la Asamblea Legislativa. Desde el punto de vista del riesgo que corre el MAS, no hay duda que se trata de una caja de Pandora que puede saltarle en la cara y terminar de sepultar la credibilidad gubernamental.