jueves, 26 de mayo de 2011

A lotear la justicia


Los cocaleros han sido los primeros en captar el espíritu y los alcances que tendrá la “revolucionaria” elección de los cargos en el Órgano Judicial, cuya clave no se encuentra obviamente, en la jornada electoral del 16 de octubre, sino en la selección de los postulantes que estará a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de mecanismos que le van a asegurar al oficialismo el copamiento de las diferentes instancias judiciales.

Dirigentes de los sindicatos cocaleros del Chapare, que ya tienen presencia en los ministerios, en las gobernaciones, en el Congreso y en decenas de municipios del país, han anunciado que presentarán sus propios candidatos a jueces y magistrados y no será extraño que dentro de algún tiempo, algún colega sindicalista de Evo Morales, jure como como presidente de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Por qué va a sonar raro eso en la Bolivia de hoy, si el principal encargado de la lucha antidrogas en el país es precisamente un proveedor de materia prima de esta floreciente industria nacional.

La lógica del cuoteo que siempre se ha practicado en la política boliviana y que, por supuesto, también incluye al primer poder del Estado, es la que inspira a los “agentes del cambio” a impulsar la redistribución de los cargos orientada hacia los movimientos sociales que cogobiernan con el MAS. En los últimos meses, la base social del régimen de Evo Morales se ha enturbiado y hoy nadie se atrevería a partir las aguas y diferenciar nítidamente entre los leales y los disidentes. El proceso de decantación ha dejado afuera no sólo a la COB, sino también a algunas organizaciones campesinas e indígenas que si bien no han declarado el divorcio definitivo del Gobierno, han establecido fuertes diferencias que ponen en duda su incondicionalidad.

El anuncio de los cocaleros no es nada casual. Ellos, al igual que otros sectores que transitan por el sendero de la ilegalidad y la informalidad sí son incondicionales a un régimen cuya misión es brindarles seguridad y el pleno funcionamiento del liberalismo más extremo: “dejar hacer, dejar pasar”. El presidente Morales se los repite constantemente. En Bolivia no importan las leyes, sino los abogados que “legalizan” los actos “políticos” y a partir del 16 de octubre, serán claves los jueces para terminar de sellarlos. Bajo este esquema, el loteo de la justicia no sólo estará disponible para los productores de la coca ilegal del Chapare, sino también para los ayllus que protegen a contrabandistas y narcotraficantes, de la misma forma que el Estado Plurinacional le abrió las puertas del Senado a un dirigente degollador de perros,  que abiertamente justifica la tortura. De esa manera –recordemos-, la Asamblea Constituyente le brindó un valioso curul a la integrante de una familia de narcotraficantes que se benefició de sus excelentes contactos políticos.

El nuevo poder judicial boliviano será, más allá del cuoteo y de la persecución política (que constituirá una de sus principales competencias), el instrumento ideal para blanquear actividades y fortunas que hoy se encuentran proscritas o bajo el manto de la sospecha. Será el gran tamizador social que permitirá el ascenso de ciertas élites oscuras ligadas al régimen. Será la consolidación definitiva del paradigma presidencial que propone el quebrantamiento de las leyes como forma de avanzar y progresar.

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