martes, 10 de mayo de 2011

La gran ruptura


El divorcio de la COB y el Gobierno del MAS se está consolidando y tiende a ser irreconciliable. Las disputas van más allá de una pelea coyuntural por un aumento salarial y podría tratarse de la ruptura que va a marcar finalmente el verdadero rumbo del “proceso de cambio”, cuyas principales utopías han fracasado rotundamente, sobre todo, la construcción de un sistema socialista-comunitarista en el país, dirigido a un estado de bienestar social concebido como “vivir bien”.

Pese a que el Presidente accedió a la insistencia de los dirigentes de la COB de eliminar el decreto 21060, considerado como el sustento jurídico e ideológico de la vigencia del neoliberalismo en Bolivia, Evo Morales ha vuelto a calificar a la cúpula obrerista como instrumentos de la derecha y de los que defienden la economía de libre mercado en el país.

Con el gasolinazo, Evo Morales le quitó el velo ideológico a su régimen, movida que le salió muy mal porque no sólo perdió credibilidad, sino que también fue la causa de una gran ruptura con aquellos sectores de la sociedad que creían en el proyecto de crear un Estado socialista con una economía planificada, que se apodere de los medios de producción, consolide empresas estatales y por ende, construya un inmenso proletariado con la capacidad de gobernar indefinidamente y reproducir el poder.

Evo Morales no sólo ha destruido esa utopía de los trabajadores, sino que está decidido a aniquilar todo vestigio de formalidad en la economía boliviana y llevar al país a un estado de primitivismo, caos e ilegalidad, bajo el pretexto de la descolonización. Hace poco dijo que los sindicatos fueron un invento del “imperialismo” y desde las más altas esferas gubernamentales insistieron en descalificar al sector de los asalariados como “una minoría”. Después de la “eliminación” del decreto 21060, el Gobierno se ha encargado de aclarar que el libre mercado seguirá vigente para todas las actividades informales (el 70 por ciento de la economía), mientras que las únicas sujetas a control (restricciones y prohibiciones) serán las empresas que pagan impuestos y ocupan asalariados.  El ataque al empresario cementero Samuel Soria Medina tiene que ver con ese paradigma y obviamente, el nuevo auge de la invasión de tierras productivas y la toma de concesiones mineras, ha incrementado la inseguridad jurídica.

Desde el punto de vista político, el régimen ha reactivado sus mecanismos de persecución y de apropiación ilegal del poder, cuya finalidad es propagar el miedo y evitar que más sectores se sumen a las manifestaciones de descontento popular.

Para los que creían que el Gobierno se había debilitado, el sistema se encargará de dejar en claro que su esquema jurídico-militar represivo está intacto y para todos los que estaban convencidos que el MAS había perdido sustento ideológico, la respuesta es este encarrilamiento decidido y definitivo hacia un modelo en el que cada vez cobrarán mayor vigencia los ayllus que protegen al contrabando, los cocaleros que conviven con el narcotráfico y todos aquellos grupos que necesitan que Evo Morales les otorgue la protección necesaria para ejercer libremente sus actividades.

Ante el fracaso del Estado Plurinacional, se fortalece un Estado policiaco dirigido a cobijar a esa gran porción de bolivianos que vive de la ilegalidad. La sociedad boliviana, profundamente individualista, sabrá acomodarse a este nuevo proyecto. Es más, la inventiva de la gente es grande y seguramente florecerán nuevos y variados emprendimientos. En Somalia, por ejemplo, uno de los sectores más prósperos de la economía es el secuestro de barcos, que goza de la promoción y protección estatal.