domingo, 29 de mayo de 2011

¿Le importa el país al Gobierno?


¿Qué está haciendo el Gobierno de Evo Morales para solucionar los graves problemas del país? Acabamos de salir de un estruendoso y fallido gasolinazo que desnudó la catastrófica situación financiera del Estado y las únicas respuestas que han surgido del régimen es más represión, más persecución, más politiquería y mucho más de aquel esquema que llevó el MAS a concentrarse únicamente en acaparar poder y a descuidarse por completo de la economía.

Las medidas que toman las autoridades del área económica son paliativas y en muchos casos contradictorias. Supuestamente el gasolinazo estaba dirigido a erradicar las cuantiosas erogaciones que hace el Estado para subsidiar los combustibles, con montos cada vez más crecientes y que este año podrían alcanzar los mil millones de dólares.

Paradójicamente, desde el mismo Gobierno surge la “brillante” idea de declarar una amnistía para los automóviles ilegales, lo que significará, sin duda alguna, un incremento notable en el consumo de carburantes; es decir, más importaciones, más subsidios y por supuesto, la posibilidad de que el déficit fiscal se eleve al cinco por ciento, una cifra que hubiera puesto con los pelos de punta a los “gobiernos neoliberales”, que jamás gozaron de los excelentes precios internacionales actuales que propiciaron ingresos para el Estado de casi 60 mil millones de dólares en los últimos cinco años. Qué pueden significar frente a esa cifra tan monstruosa, derrochada sin contemplaciones por el Estado Plurinacional, algo así como 600 millones de dólares por concepto de los “autos chutos”.

Nadie quiere invertir en Bolivia. Por más ruegos, amenazas y anzuelos que lanza el Gobierno, los indicadores y numerosos estudios confirman cada vez con mayor nitidez que el país se ha vuelto uno de los territorios menos atractivos del mundo para los capitales extranjeros. Y en lugar de tratar de cambiar esta historia que nos condenará a la inmolación, el presidente Morales insiste con sus torpezas, con sus ataques a los empresarios y otras acciones hostiles que profundizan el problema. Para subsanar esta anemia financiera, el Estado está procediendo a vaciar las arcas del Banco Central, de donde ya han sacado más de 3.500 millones de dólares en préstamos para empresas estatales elefantiásicas que no producen más que spots publicitarios, como sucede con YPFB, que gasta más en propaganda que en proyectos de exploración y perforación.

Los burócratas supinos que manejan el tema agropecuario en el Gobierno creen que ya superaron lo peor en la crisis alimentaria. Están entusiasmados por la época de cosecha, cuando hay abundancia y naturalmente los precios tienden a bajar. Pese a ello, insisten en las prohibiciones, en el control de precios y otras restricciones que precisamente ayudaron a profundizar la escasez. Los números indican que si bien la agricultura se ha recuperado en parte de la aguda sequía del año pasado, está muy lejos todavía de alcanzar los niveles que aseguren la soberanía alimentaria. En los últimos meses, el país batió el récord en la importación de comida y los pronósticos anticipan un nuevo período lleno de dificultades. Pero en lugar de ayudar a promover una explosión productiva en el agro, el régimen insiste en desincentivar, en amedrentar y enturbiar aún más el clima de negocios y la inseguridad jurídica. Para colmo, en lugar de atinar a subsanar los problemas, vuelve a herir la inteligencia pública con diagnósticos que no engañan a nadie.