Ha ganado la democracia; han sido derrotados la imposición y el intento de instaurar en Bolivia un nuevo modelo de dictadura disfrazada, que durante los últimos años ha estado buscando constantemente la ratificación mediante eventos plebiscitarios. Pese a que no es la primera vez desde el 2006 que el soberano se manifiesta por la vigencia del pluralismo político y el estado de derecho –lo hizo en las elecciones de abril de 2010-, esta vez lo ha hecho de una manera que le impide al régimen de Evo Morales soslayar los resultados o tratar de taparlos con medidas purgativas como aquella ley corta que dio cuenta de decenas de alcaldes y algunos gobernadores de la oposición que le dieron un tremendo revés electoral al MAS.
Sería nefasto que, conocidos los resultados de la jornada dominical, el régimen intente minimizar el mensaje que le está enviando la ciudadanía y persista en su proyecto de avanzar en el copamiento de los poderes republicanos. En este caso, el pueblo ha salvado al Poder Judicial, el más importante de todos, el que tiene la misión de equilibrar el poder, controlarlo, proteger los derechos de las personas, vigilar que este y cualquier gobernante respete su misión principal de cumplir y hacer cumplir las leyes.
Los aventureros que han estado manejando los hilos del poder en estos años y que a toda costa trabajan para construir una dictadura estalinista en Bolivia, no pueden seguir inventando figuras, jugadas y estrategias para continuar en su ruta. Ya no pueden tapar el sol con un dedo, la gente los ha puesto en evidencia; sus graves errores son los culpables de que hoy, una administración que estaba llamada a hacer cambios sustanciales en el país, esté pisando las cornisas de la deslegitimación, un paso previo a la inestabilidad. Lo primero que hizo el vicepresidente ayer, al inicio de la jornada electoral, fue tratar de dividir las aguas. Él no quiere sentirse parte de esta derrota, pese a que seguramente es el principal artífice. El presidente Morales debe darse cuenta de que la próxima manifestación popular será mucho más clara aún y, naturalmente, el destinatario no va a ser más que él.
Qué valor pueden tener esos jueces y magistrados derrotados por el inmenso rechazo popular. Qué legitimidad puede tener la nueva administración de justicia que ha prometido el oficialismo. No se trata solo de rechazar nombres que, de hecho, deberían renunciar antes de tomar la toga y el mallete. Ellos son apenas unos instrumentos, pequeños eslabones del absolutismo que busca imponer el MAS. Lo que ha fracasado es todo el proceso –que debería anularse obviamente-, y sobre todo, se ha consolidado definitivamente el rechazo a todo un proyecto político que desde hace mucho ha perdido el rumbo, sus ideales y, por lo visto, también su base política.
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