Recuperar el Estado

Esta es la idea de Estado que ha estado aplicando el MAS.

En qué manual de procedimientos de la Policía Boliviana dice que las personas detenidas en una marcha deben ser maniatadas y amordazadas? ¿O es que acaso esa fue la ocurrencia de algún oficial con inclinaciones nazis o tal vez la orden de algún ministro aventurero que añora los tiempos de las Brigadas Rojas? ¿Quién dio la orden de apalear a los indígenas? Primero se dijo que fue un fiscal, después apareció una jueza con otra cantaleta. Hay una ministra que hizo una solicitud. Todos se lavan las manos, con el presidente a la cabeza. Qué desparpajo. ¿Este es el “Estado Integral” del que nos hablaba el vicepresidente García Linera? Más parece un verdadero quilombo.

El Presidente pide perdón, pero no es esa la forma de actuar de un jefe de Estado. Si fuera verdad que lo sobrepasaron y que alguien tomó la decisión sin consultarle, su responsabilidad es identificarlo y solicitar su procesamiento judicial. Eso de pedir que vengan comisiones internacionales no es más que una trampa mañosa destinada a fomentar la alcahuetería de organismos de dudosa credibilidad, tal como ha sucedido en otras ocasiones.

Si funcionara el Estado en Bolivia, es decir, si las leyes y la democracia estuvieran vigentes ya se hubiesen activado los mecanismos para saber a ciencia cierta qué ocurrió el pasado domingo y descartar lo que parece evidente, que estamos a merced de los caprichos e impulsos de gobernantes carentes de escrúpulos y capaces de cualquier cosa. De ahí la gran indignación que ha surgido en la ciudadanía, temerosa de que lo sucedido con los indígenas pueda repetirse en todos lados. De hecho, sobran los ejemplos, pero hasta ahora el régimen de Evo Morales no se había estrellado contra un grupo tan débil y que además forma parte de sus bases.

El exministro de Gobierno, quien cínicamente pretende hacer creer que él no tomó la decisión de meter palo el domingo, afirma que está con la conciencia tranquila. Tal vez quisiera decir que se siente confiado, porque en Bolivia están totalmente desactivados los sistemas institucionales destinados a controlar las acciones de los gobernantes, quienes tienen carta franca para proceder a su total antojo. Ni el Congreso, el Ministerio Público o el Órgano Judicial ofrecen las garantías ni la credibilidad en el ejercicio de la fiscalización de las acciones públicas. La Justicia, la primera llamada a vigilar el accionar de los gobernantes y exigir el cumplimiento de las leyes y el respeto de los Derechos Humanos, está totalmente cooptada por un pequeño grupo de políticos que tienen todo el poder en sus manos. De ahí al gobierno de facto no hay mucho camino ¿o es que alguien todavía duda que los métodos aplicados el Yucumo pertenecen a las más fieras dictaduras que hayan existido en el país? Lamentablemente el Gobierno insiste en tomar atajos, en buscar cómo sobrepasar las leyes y la democracia. Todavía no han salido del atolladero de Yucumo y se le ocurre al oficialismo otra dichosa “ley corta” destinada a vulnerar el derecho constitucional de los indígenas a decidir sobre su propio territorio. Cualquier figura que vaya en contra de la Constitución es ilegal y abusiva. 

El presidente debe reconocer que ya se le acabó el poder y la legitimidad que tenía para “meterle nomás” y que después legalicen los abogados. Esa ha sido la manera de destruir el “proceso de cambio” y de poner en peligro su continuidad en el Palacio Quemado. La forma de salvar al Gobierno y por supuesto, al país, es recuperar el Estado, las leyes y la institucionalidad.