El turno de los ilegales

Ojalá se atrevieran los cocaleros del Chapare a marchar durante 66 días como lo hicieron los indígenas de las tierras bajas, quienes consiguieron no solo derrotar al Gobierno del MAS en su intención de destruir el parque Isiboro Sécure, uno de los espacios de biodiversidad más importantes del mundo, sino que también lograron unir a todo un país en torno a una misma causa y voluntad de vivir en paz.

Los cocaleros, cuyo líder es el presidente Evo Morales, han anunciado medidas de presión que buscan revertir la decisión que acaba de tomar precisamente el primer mandatario, al declarar la intangibilidad del territorio habitado por los indígenas yuracarés, chimanes y mojeños, donde los productores de coca pretenden instalarse para expandir sus cultivos, la mayoría de los cuales van a parar a las fábricas de cocaína de la zona.

Sería ingenuo pensar que Evo Morales es un actor inocente en relación a las intenciones de los cocaleros de jugar a las pulseadas con una inmensa mayoría de bolivianos que se han inclinado por la legalidad, es decir, por el  respeto a un territorio que lamentablemente ha sido invadido por narcotraficantes colombianos, a vista y paciencia de todos los que han estado impulsando la construcción de la carretera que debía partir en dos el Tipnis.

Sin bien la Asamblea Plurinacional actuó con disciplina al aprobar una ley que ha revertido un proyecto vial que se ganó el rechazo nacional, ha quedado a la vista el deseo de los gobernantes de continuar insistiendo en esa carretera de dudosa finalidad y muy malos antecedentes. Hay muchas cosas que aclarar antes de que se piense en buscar una alternativa, desde la contratación de la empresa, el estudio de impacto ambiental, hasta los supuestos beneficios que tendrá la obra para el conjunto de los bolivianos.

De cualquier forma, la reacción de los cocaleros que surge en el momento en que los marchistas del Tipnis alistan su retorno a sus lugares de origen, propone la continuidad de un debate que se inició con la marcha indígena y que debe continuar, de ahí la necesidad de que se animen a marchar hacia La Paz. Deberían hacerlo, porque además ellos mejor que nadie tienen garantizada la seguridad, los auspicios y la protección del Gobierno.

Con toda seguridad, las autoridades del MAS no los van a acusar de nada. No les dirán que su defensa de la carretera equivale a sacar la cara por los narcotraficantes colombianos que han invadido el Tipnis, donde hace muy poco mataron a un subteniente de la policía, cuando investigaban la ubicación de una de las fábricas de cocaína más grandes que se hubieran localizado en el país.

Nadie les bloqueará el paso a los cocaleros. No habrá Yucumo, ni pateaduras, ni manos atadas ni bocas con cinta de embalaje. Tampoco les negarán el agua y no habrá un Quintana para acusarlos de trabajar para oscuras transnacionales. Romero tampoco los tildará de vendidos a las mafias que trafican con productos ilegales y el presidente tampoco hará alusiones humillantes dirigidas hacia las esposas e hijas de los cultivadoras de coca.

Una marcha de los cocaleros sería la ocasión ideal para que se plantee un debate fundamental en Bolivia, en el que unos y otros deberán fijar posiciones sobre el país ilegal, que sin duda alguna fue derrotado con el arribo de los marchistas a La Paz y el país legal que ha recibido el apoyo de millones de ciudadanos y que se expresó no solo por el apoyo al Tipnis, sino también a través de las urnas, el domingo 16 de octubre.