Al paso que va, el Gobierno batirá todos los récords del libro Guinness con la dichosa carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretende partir en dos el parque Isiboro Sécure. Un especialista llevaba contabilizados casi 40 artículos de la Constitución violados por el proyecto vial, a lo que hay que sumarse también las leyes que regulan los parques naturales, el medio ambiente y por supuesto, las normas sobre administración pública que obligan a llamar a licitación, a realizar un estudio de impacto ambiental y a firmar contratos de acuerdo a las leyes bolivianas y no de países extranjeros. La Cámara de Diputados acaba de poner “la cereza en la torta”. Ha aprobado una ley corta que ordena la “consulta previa” (pero que en realidad es posterior) a los “involucrados” en la polémica obra. Es obvio que la consulta la debió hacer antes de meter tractor y cuando habla de involucrados, naturalmente no se refiere a los cocaleros, a los colonizadores ni a ningún otro que no sean los pueblos indígenas que -mediante la constitución- son los dueños legítimos del Tipnis. No hay duda que el oficialismo quiere “meterle nomás” a como dé lugar. Las leyes son lo de menos.
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