Así como la autonomía se les fue de las manos a los cruceños y a otras regiones del oriente y el sur del país, de la misma manera el ansiado proyecto de explotación del hierro del Mutún, una de las mayores reservas del mundo, parece condenado a la postergación indefinida.
Este Gobierno, que pretende producir cartón donde no hay ni un solo árbol a cientos de kilómetros a la redonda e instalar un ingenio azucarero donde no hay más que unas cuántas hectáreas de caña sembradas, ha dejado que todo lo negativo ocurra para que el salto siderúrgico, que posibilitaría el despegue de toda la región este y amazónica del país, continúe postergado por muchos años más.
Las autoridades han vuelto a amenazar con echar del Mutún a la empresa Jindal, como si fuera esa la solución a un problema que empieza con la inoperancia del Estado para hacer funcionar un proyecto para el que se necesita visión, capacidad y la decisión política de llevar a Bolivia hacia la era de la industrialización.
Pero es que el MAS ni siquiera ha sido capaz de mantener en pie una industria que estaba en funcionamiento, que tenía mercado y grandes posibilidades de expansión como el gas, que precisamente ha sido el gran obstáculo que ha tenido la compañía hindú para desarrollar sus planes de inversión destinados a producir acero. Apenas consiguió explotar el hierro en bruto y así ha estado exportándolo. Para colmo de males, la recesión mundial ha tirado abajo los precios de los metales y esto se vuelve un agravante para el Mutún.
Qué se le puede pedir a la Jindal, si ni siquiera Bolivia está en condiciones de producir suficiente cemento por falta de gas. Hay problemas de apagones por los malos manejos en las plantas generadoras nacionalizadas y muchos emprendimientos industriales se encuentran paralizados ante la insuficiente energía. Cada vez importamos más diesel, gasolina y GLP y en las listas que elaboran los expertos sobre el clima de negocios de los países, Bolivia aparece cada vez más abajo, como un lugar indeseable para las inversiones. Para el público local, no hay duda que calan fuerte las acusaciones subidas de tono, las multas y las acusaciones que hace el Gobierno contra la compañía contratista que pretende expulsar. Pero entre los especialistas y sobre todo, en los círculos de las grandes empresas que deberían venir a Bolivia, como lo están haciendo en Perú, Chile o Argentina, queda claro que el territorio boliviano es un “campo minado” para los capitales.
Qué valor moral pueden tener las autoridades que amenazan a la Jindal con sancionarla y sacarla del Mutún, cuando en realidad en estos últimos años la opinión pública ha contemplado azorada cómo la corrupción se campea en la empresa estatal encargada del proyecto y la prueba es que recientemente uno de sus ejecutivos fue arrestado por graves irregularidades.
Aquí no se trata de salir en defensa de una empresa ni mucho menos. No existen condiciones para sacar conclusiones sobre las supuestas responsabilidades de Jindal y el Gobierno no tiene la credibilidad suficiente para establecer culpabilidades. Lo más claro es que lo sucedido en el Mutún, lo que pasa con el litio, con el gas, con la agropecuaria, la electricidad y muchos otros rubros de la economía, reflejan un absoluto desconocimiento y falta de responsabilidad de los administradores del Estado en el campo de la producción. El país está en manos de unos improvisados dedicados exclusivamente a hacer politiquería y al despilfarro de los recursos públicos. ¿Cómo es que un régimen que ha recibido cinco veces más recursos que en los 20 años anteriores, esté terminando una gestión con un déficit fiscal propio de una época recesiva? He ahí la única explicación a todo.
Pero es que el MAS ni siquiera ha sido capaz de mantener en pie una industria que estaba en funcionamiento, que tenía mercado y grandes posibilidades de expansión como el gas, que precisamente ha sido el gran obstáculo que ha tenido la compañía hindú para desarrollar sus planes de inversión destinados a producir acero. Apenas consiguió explotar el hierro en bruto y así ha estado exportándolo. Para colmo de males, la recesión mundial ha tirado abajo los precios de los metales y esto se vuelve un agravante para el Mutún.
Qué se le puede pedir a la Jindal, si ni siquiera Bolivia está en condiciones de producir suficiente cemento por falta de gas. Hay problemas de apagones por los malos manejos en las plantas generadoras nacionalizadas y muchos emprendimientos industriales se encuentran paralizados ante la insuficiente energía. Cada vez importamos más diesel, gasolina y GLP y en las listas que elaboran los expertos sobre el clima de negocios de los países, Bolivia aparece cada vez más abajo, como un lugar indeseable para las inversiones. Para el público local, no hay duda que calan fuerte las acusaciones subidas de tono, las multas y las acusaciones que hace el Gobierno contra la compañía contratista que pretende expulsar. Pero entre los especialistas y sobre todo, en los círculos de las grandes empresas que deberían venir a Bolivia, como lo están haciendo en Perú, Chile o Argentina, queda claro que el territorio boliviano es un “campo minado” para los capitales.
Qué valor moral pueden tener las autoridades que amenazan a la Jindal con sancionarla y sacarla del Mutún, cuando en realidad en estos últimos años la opinión pública ha contemplado azorada cómo la corrupción se campea en la empresa estatal encargada del proyecto y la prueba es que recientemente uno de sus ejecutivos fue arrestado por graves irregularidades.
Aquí no se trata de salir en defensa de una empresa ni mucho menos. No existen condiciones para sacar conclusiones sobre las supuestas responsabilidades de Jindal y el Gobierno no tiene la credibilidad suficiente para establecer culpabilidades. Lo más claro es que lo sucedido en el Mutún, lo que pasa con el litio, con el gas, con la agropecuaria, la electricidad y muchos otros rubros de la economía, reflejan un absoluto desconocimiento y falta de responsabilidad de los administradores del Estado en el campo de la producción. El país está en manos de unos improvisados dedicados exclusivamente a hacer politiquería y al despilfarro de los recursos públicos. ¿Cómo es que un régimen que ha recibido cinco veces más recursos que en los 20 años anteriores, esté terminando una gestión con un déficit fiscal propio de una época recesiva? He ahí la única explicación a todo.
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