Los empresarios bolivianos han hecho todo lo posible por negar la versión gubernamental, pese a que la información ha sido confirmada por el ministro peruano de Comercio Exterior, José Luis Silva, quien ha indicado que la misma conducta la han estado asumiendo industriales de Ecuador y Argentina, en busca de oportunidades para seguir exportando a Estados Unidos y a otros mercados con los que hay TLC.
En Bolivia, la migración de capitales no es ninguna novedad. La primera oleada se produjo hace tres años, cuando el país perdió las preferencias arancelarias de la ATPDEA que permitían la exportación de productos textiles y manufacturas en oro. Muchos de los empresarios de estos rubros se fueron al Perú, donde han conseguido expandir sus actividades gracias a los mercados que precisamente se perdieron por malas decisiones tomadas por el Gobierno del MAS y por la gran inseguridad generada por las políticas económicas erráticas y enemigas de los emprendimientos privados.
El riesgo que corre el país, que en este momento presenta uno de los climas de negocios más hostiles del continente, es que los empresarios de otros rubros vitales y estratégicos decidan tomar el mismo rumbo que los textileros. Con la minería viene ocurriendo desde hace mucho. Pese a que los excelentes precios de las materias primas constituían un gran incentivo para la inversión, los empresarios, cansados de los avasallamientos de sus concesiones, han optado por recurrir a otras actividades como la construcción que hace las veces de un refugio, o irse del país a buscar otras oportunidades.
El caso de los agropecuarios y la agroindustria es muy semejante. No solo persisten las tomas de tierras productivas auspiciadas por gente afín al Gobierno, sino que desde el Estado se insiste en desincentivar la producción con restricciones a las exportaciones. El caso del azúcar es patético y por demás de esclarecedor. Las autoridades nacionales prohibieron las ventas al exterior para proteger el mercado interno, que se vio desatendido por el aumento del consumo y por los efectos de la sequía. Pero las restricciones empeoraron el problema y a principios de año, el Tesoro General de la Nación tuvo que disponer de 78 millones de dólares para importar azúcar. Este dinero hubiera alcanzado tal vez para construir otro ingenio azucarero, incentivar el cultivo de la caña, mejorar los rendimientos, etc, pero en cambio se optó por agrandar la bola de nieve.
Hoy los ingenios azucareros tienen amontonados más de dos millones de quintales de azúcar y el Gobierno mantiene su postura de prohibir las exportaciones, pese a que, por debajo de la mesa, autorizó la venta de caña de azúcar a la Argentina a un grupo de productores de Tarija. Con esta medida, el régimen les envía el mensaje inequívoco a los productores, quienes toman sus decisiones en función de las previsiones. Por el momento, la señal más clara es no invertir y para otros, irse a Perú o donde ofrezcan mejores condiciones.
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