En principio a muchos les sonará bien la amenaza del Gobierno de procesar y encarcelar a los bloqueadores de caminos. Es verdad que en Bolivia el derecho a la protesta ha sido bastardeado hasta convertirlo en un factor que conspira contra el desarrollo del país, con fuerte incidencia en el nivel de crecimiento del PIB, lo que en términos reales significa más pobreza, más desempleo, menos producción y pérdida de mercados.
En Bolivia se bloquea por todo, se bloquea todos los días y los bloqueos pueden durar una semana o más, como lo demuestran medidas de protesta recientes, que han batido récords históricos, cuando se pensaba que la llegada del MAS al poder, cuyo ascenso político se produjo en base a bloqueos, iba a ayudar a menguar este drama nacional.
Los protagonistas de los bloqueos son cada vez más diversos y no es necesario un argumento legal o cuando menos honorable para lanzarse a interrumpir el tránsito. Brotan como hongos los “nuevos sectores sociales” que quieren aprovechar el repunte de la informalidad y la ilegalidad en el país, alentados precisamente por el Estado Plurinacional, que en su larga lista de clientes políticos ha sumado a “chuteros” y otras ramas que exigen su parte del populismo prebendario que hizo pensar a muchos que gobernar es una suerte de té piñata, donde todos tienen el derecho a golpear para que salten los regalos.
En Bolivia se bloquea, se protesta y se deja de producir, porque la mayoría vive esperanzado en partir de la torta del rentismo o cuando menos tener una mayor cuota de protagonismo en el reparto de los ingresos. Se trata de una eterna puja distributiva que se ahonda cada vez más en la medida en que Bolivia profundiza la primarización de su economía, renunciando a la diversificación, a la competitividad, al emprendedurismo y la productividad, fenómenos que han sacado a países vecinos del atraso que parece tenernos condenados para siempre a los bolivianos.
Si el Gobierno, este o el que venga después, quiere acabar con los bloqueos, debe comenzar por trabajar en la mentalidad de los bolivianos y por supuesto, los políticos tienen que asumir otra conducta, alejada del clientelismo, el peguismo y la prebenda, enfermedades crónicas de nuestra realidad. Tal vez habría que comenzar por casa y terminar así con las quejas presidenciales que apuntan sobre la incesante angurria de los militantes de su propio partido.
Ojalá que la lucha contra los bloqueos sea integral y que abarque también los bloqueos mentales que hace pensar a muchos que la culpa de nuestra desgracia siempre está en los demás, en los extranjeros y en los opresores que dejaron de existir hace doscientos años. Seguramente habrá que tomar en cuenta los bloqueos culturales, aquellos que desprecian la importancia de las normas, las instituciones y el principio de autoridad. Sería justamente el MAS el mejor indicado para comenzar a trabajar en este sentido, pues de esta forma estaría demostrándole a todos que aquellos métodos que usó el oficialismo para escalar políticamente pueden convertirse en su propia ruina y la del país, obviamente.
Lamentablemente hay pocas esperanzas de que se pueda iniciar una guerra real contra los bloqueos. La arremetida gubernamental más parece dirigida a fortalecer sus mecanismos de persecución y represión de los opositores. Así lo indica un reciente proceso iniciado contra varios diputados que hicieron denuncias contra el Gobierno en Paraguay. En Bolivia no solo estará prohibido que los opositores marchen y bloqueen, ahora también es mal que lo denuncien.
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