Los errores y atropellos cometidos por el Gobierno boliviano resuenan cada vez con mayor fuerza a nivel internacional. El presidente Morales estaba acostumbrado a los elogios y a los aplausos por las grandes expectativas que habían despertado sus promesas y sus reformas, pero a menudo se repiten los reproches y también los abucheos, como los que tuvo que escuchar hace unos días en Viena, donde cientos de personas le gritaron “Todos somos Tipnis”, en alusión a la violación de las leyes en las que ha incurrido su régimen, empecinado en la construcción de una carretera que amenaza con destruir el territorio de varios pueblos indígenas.
En Viena también, el mandatario boliviano fue acosado por la prensa de Hungría que le solicitaba respuestas concretas en relación al controversial caso Rózsa, sobre el cual han surgido recientes evidencias de una ejecución sumaria cometida por agentes de seguridad del Gobierno nacional. En Austria se hizo presente una de los familiares de Elöd Tóásó, el ciudadano húngaro que denuncia detención ilegal en su contra, como ocurre con decenas de otros presos por el mismo hecho, que ha puesto en duda la independencia de la justicia y pone de manifiesto la burda manipulación de los tribunales.
Otro hecho para destacar es la reciente declaración de la Cámara de Diputados de Paraguay, en la que el pleno del cuerpo legislativo, expresa su solidaridad con los ciudadanos bolivianos y exautoridades electas “que por razones políticas están siendo injustamente perseguidos, procesados o detenidos en Bolivia, en franca violación al derecho internacional de los Derechos Humanos, pactos, tratados internacionales y normas de derecho interno, que garantizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Bolivia”.
Los diputados paraguayos también han instado a las autoridades bolivianas a respetar las leyes y revisar la situación de los presos políticos que llevan varios años sin sentencia y que son víctimas de constantes violaciones a los derechos humanos y a un debido proceso. La declaración fechada el 15 de marzo, ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a que se pronuncie sobre los hechos ocurridos en Bolivia. Hay que destacar que en numerosas ocasiones, presos políticos como el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández y el exdirigente político Gary Prado, han acudido a esta instancia internacional y lamentablemente no han tenido el eco necesario.
Es importante que el Estado Plurinacional pueda tomar en cuenta este tipo de manifestaciones que se dan en el exterior. Al Gobierno boliviano le interesa mucho la imagen que refleja a nivel internacional y como puede ver ésta se ha ido deteriorando por culpa de errores y la falta del apego a las leyes. Los constantes “rodillazos” a la democracia y al Estado de Derecho, la burda manipulación de la justicia y el constante hostigamiento en el que se incurre contra los que expresan disidencia con el régimen gobernante, son hechos que el mundo civilizado comienza a observar y tarde o temprano se convertirán en reproches y sanciones perjudiciales para el Gobierno, pero sobre todo, para el conjunto del país, altamente vulnerable y necesitado de la cooperación internacional. Bolivia, más que nadie, no puede caer en el aislamiento internacional, eso sería condenar a la población a más miseria y exclusión.
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