En Venezuela, el presidente Chávez lleva años nacionalizando una empresa o una actividad productiva por día y a veces varias en la misma jornada. El pretexto es producir más, pero nadie se explica por ejemplo, que hoy la industria del queso en aquel país esté obligada a importar cantidades crecientes de leche fresca, porque no hay cómo suplir la demanda ante la caída de la producción de lácteos. Y como ese caso hay muchos otros.
Con esa misma improvisación, el Gobierno boliviano está creando nuevas empresas estatales, pese a que las 14 que inició en los últimos años no terminan de acomodarse y otras parecen condenadas a morir antes de producir alguna molécula de cartón, papel o lo que fuera. Hace unos días y luego de una reunión de gabinete, se decidió crear otras cuatro empresas, el con fin de darle uso a los 1.200 millones de dólares que el Banco Central le ha dado al Órgano Ejecutivo para reactivar la economía nacional.
Seis años es suficiente tiempo para darse cuenta de que la administración que conduce el MAS no tiene un plan para administrar la economía. Ninguno de los programas crediticios dirigidos al sector agropecuario ha funcionado como se esperaba, la empresa Emapa es un fiasco y demás está mencionar el desempeño de las empresas estatales, que han llevado al país a batir récords en importaciones, sobre todo en el área de los hidrocarburos. Resulta insólito que en este lapso el país haya perdido la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria, problemas que tienden a agravarse. Otros problemas como la informalidad, el desempleo y la inseguridad jurídica también se agudizan. La industrialización que tanto se pregonó en el pasado jamás pasó de la parte enunciativa y su plasmación parece cada vez más lejana.
El caudillismo político trasladado a la economía nos puede llevar a grandes extravagancias en el manejo de los recursos, a decisiones tomadas por impulso, que luego pueden acarrear graves consecuencias como ese rosario de procesos judiciales que enfrenta el Estado boliviano por nacionalizaciones mal encaradas, algo que ha llevado al propio presidente Morales a afirmar que todo este proceso le ha hecho perder dinero al país. El mandatario ha reconocido que su Gobierno adolece de fallas de ejecución, lo que no se explica es por qué continúa en el mismo rumbo, haciendo gastos dispendiosos, sin un plan previo, sin licitación, gastando en viajes, en palacios, en helicópteros y museos que no implican mayor contribución al desarrollo productivo, seguramente el aspecto con mayor déficit en Bolivia. Sin un plan, sin un discurso coherente y sin la necesaria solidez institucional, será imposible conseguir las grandes inversiones que necesitan todos los sectores de la economía boliviana para proyectar el desarrollo integral en el territorio nacional. Los 1.200 millones del Banco Central terminarán en saco roto, porque no existe una ingeniería financiera para disponer de ese monto. Obviamente ese dinero es mucho para que se esfume en malos manejos y corrupción, pero de cualquier forma es poco para lo que se necesita y es imposible suplir con esos fondos los cuantiosos capitales que han huido del país.
Bolivia necesita mucho más que incrementar su producción, requiere más competitividad, cambiar su matriz energética, abandonar la vulnerabilidad de la economía primaria, combatir la informalidad y elevar el nivel de los recursos humanos, entre muchos otros desafíos. Todo eso sería posible si hubiera un plan.
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