Como se sabe, el 2011 fue un año récord en materia conflictiva a nivel nacional y también ha sido la gestión en la que Santa Cruz comenzó a manifestar esta tendencia negativa. En diciembre del año pasado por ejemplo, el 38 por ciento de los conflictos del país se registraron en el departamento, Tarija ocupó el segundo lugar (15%), mientras que en Cochabamba solo se registró el 5% del total, lo que representa un dato muy llamativo para los autores del informe.
En este momento, precisamente, la región atraviesa uno de los peores conflictos de los últimos tiempos, que ha ocasionado el cierre de más de 40 pozos petroleros, algo inédito en la historia reciente. Acabamos de superar una suerte de estado de sitio en la capital cruceña, a manos de cientos de mototaxistas que han bloqueado en dos ocasiones todas las rutas de acceso y que amenazan con repetir su “hazaña” en cualquier momento. En diciembre hubo tres muertos en Yapacaní situación que podría reproducirse en Pailón, donde ya hubo bloqueos y existen aprestos de enfrentamiento.
Con toda seguridad, la carretera Santa Cruz - Cochabamba debe ser una de las rutas más bloqueadas del país, lo que resulta dramático, no solo por el perjuicio que ocasiona a los viajeros, sino porque se trata de vía más importante de abastecimiento del país, uno de los corredores de exportación fundamentales, sobre todo para los productos no tradicionales y, obviamente, es la principal arteria de conexión entre el oriente y occidente, entre el corazón económico de Bolivia y los centros de consumo. Ya nadie se atreve a calcular las pérdidas que este drama de los conflictos le ha ocasionado a la región y al país, pero lo cierto es que, según los datos del INE, el departamento ha cedido importantes espacios en materia productiva en los últimos años. Eso ha ocasionado que su aporte al PIB nacional caiga del 31 al 29 por ciento.
Santa Cruz era el único departamento que vivía al margen de la angurria rentista del Gobierno. Esta región se forjó gracias a la iniciativa privada, a la audacia de sus emprendedores y al empuje de sus líderes, que lamentablemente no tuvieron la visión de consolidar una hegemonía que sea capaz de expandir el modelo hacia el resto del país. La influencia del “proceso de cambio” ha provocado graves distorsiones en el esquema cruceño y ahora resulta que es complicado producir, es casi un pecado hacer industria y la propiedad privada está seriamente amenazada. Los loteamientos con cosa de todos los días, las tomas de tierras son impulsadas desde las cúpulas políticas y al principio de autoridad solo se impone cuando redunda en beneficio para los jerarcas políticos.
El departamento de Santa Cruz está seriamente amenazado, no solo por la extrema judicialización de la política y la economía. En la región se ha focalizado con extrema crudeza la violencia del creciente narcotráfico, los parques y las reservas se convierten en cocales y la gente comienza a darse cuenta que más rentable es bloquear que cultivar la tierra, como sucede desde hace mucho en el occidente del país. No es arriesgado decir en consecuencia, que Santa Cruz se nos “fregó”.
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