Luego de una inspección realizada por una comisión parlamentaria, el Viceministerio de Vivienda se ha visto obligado a reconocer un monto de alrededor de 25 millones de bolivianos que está en manos de 16 empresas constructoras que han incumplido sus contratos, lo que en términos concretos significa la paralización de las obras en alrededor de tres mil unidades habitacionales.
El propio viceministro de Vivienda, Bony Morales, reconoce el desorden en los contratos. Hay empresas que han recibido adelantos en dinero de hasta el 20 por ciento del total y “no hay puesto un ladrillo”. Hace unos días en Cochabamba, un empresario de la construcción reconocía que el Gobierno ha estado haciendo tratos de palabra por montos millonarios.
La mayoría de las anomalías están relacionadas al periodo 2006 y 2009. Hay que recordar el escándalo que se destapó a raíz de la demolición de decenas de viviendas cerca del Municipio de Warnes. En esa ocasión, se inició un proceso contra una entidad financiera con fuertes vínculos con autoridades nacionales, pero al final todo quedó en papeleos. Tal como lo denuncia la comisión del Órgano Legislativo, las irregularidades se han mantenido en lo posterior al 2010.
El diputado que inició las denuncias acerca del PVS, Jaime Navarro, ha sido amenazado con proceso judicial por sus investigaciones. Según indica el parlamentario, no son 16 como indica el viceministerio, sino 40 las empresas que han dejado inconclusas las viviendas por diferentes razones, entre ellas por la falta de pago del PVS y sobre todo, por las irregularidades que se han presentado.
En sus aseveraciones, Navarro también discrepa con la versión gubernamental y afirma que son en realidad más de 100 millones de bolivianos los que se han invertido en casas que han quedado abandonadas, dinero que prácticamente es irrecuperable. El diputado ha puesto en duda todo el programa de vivienda gubernamental al que califica como una gran estafa a la población. En programas de televisión y de radio ha mencionado montos escandalosos que se han dilapidado y también indica que a la gente humilde, a la que se ha estado dirigiendo estos planes habitaciones le han estado vendiendo a precios exorbitantes, similares a los que se paga por un departamento en una de las zonas residenciales de La Paz.
La vivienda es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado. El Gobierno ha estado difundiendo un supuesto cambio de dirección en el manejo de los programas habitacionales y sobre todo la intensificación del trabajo destina a paliar el grave déficit histórico que arrastra el país en esta materia. Sin sacar conclusiones finales, porque se trata de una denuncia, cuyo contenido ha sido admitido en forma parcial, existe la obligación de las autoridades de investigar y esclarecer este hecho. No es suficiente con tratar de acallar a un parlamentario que tiene el deber de fiscalizar, sino de acudir a las instancias legales y políticas que determinen qué es lo que ha ocurrido dentro del PVS en los últimos años. Los indicios de corrupción y malos manejos son demasiado fuertes para ignorarlos.
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