La nueva religión de Bolivia

Cuando todo parecía indicar que el asunto de la coca y el magistrado Gualberto Cusi pasarían a la extensa lista del anecdotario plurinacional, el integrante del Tribunal Constitucional, corto de entendimiento, pero seguramente atento a los apuntes que le facilitan los intelectuales del Gobierno, arremetió para retractarse de su desmentido y no solo volvió a admitir que usa los designios de la coca para administrar justicia, sino que afirmó, con toda vehemencia, que la coca es más importante que las leyes nacionales.

Desde hace mucho el Gobierno del MAS ha estado tratando de convertir el culto a la coca en la nueva religión oficial del Estado boliviano, pese a que constitucionalmente Bolivia se ha inclinado por el laicismo. El andamiaje jurídico plurinacional ha sido pensado para construir una nueva sociedad inclinada hacia el animismo ancestral y lo peor de todo es que el objetivo consiste en apuntalar el esquema de poder con esta nueva visión religiosa de connotaciones altamente fundamentalistas.

Gualberto Cusi, que es parte de la administración del Estado Plurinacional, encarna precisamente ese ensamblaje entre lo político, lo jurídico y lo religioso, tal como sucede en gobiernos teocráticos como el de Irán, donde un conjunto de clérigos fanáticos son los que imparten justicia, los que controlan el poder político y, por supuesto, los que tienen en sus manos el poderoso instrumento de la religión, usado para dividir al mundo entre creyentes y herejes, con capacidad de mandar a la horca o a la lapidación a los “descarriados”.

En su segunda rectificación, Gualberto Cusi ha sido muy preciso en aclarar que la justicia comunitaria tiene el mismo rango constitucional que la justicia tradicional y que el uso de la coca -con rango de “sagrada” en la carta magna-, es algo normal en la aplicación de las normas propias de los indígenas y campesinos. Con estas afirmaciones, a Cusi solo le queda admitir que desde su cargo en la máxima instancia del Órgano Judicial, él se encargará de aplicar “justicia comunitaria” con la coca de principal aliada.

La libertad de culto ofrece el derecho a que el ciudadano pueda elegir libremente el objeto de su reverencia y en ese sentido, la creencia en la coca, en las piedras o en el sol está plenamente amparada por las leyes bolivianas. Lo que resulta inadmisible es que un funcionario de tan alto nivel como Cusi, ampliamente respaldado por las autoridades políticas, ponga a merced de esos dogmas totalmente subjetivos y carentes de respaldo racional, asuntos tan delicados como la administración de justicia.

Lo que ocurre no es nada casual ni anecdótico y tampoco es para que se quede en la mofa. El animismo aymara ya forma parte de los programas de la educación formal y los chamanes y yatiris cuentan con el aval del Ministerio de Salud para trabajar en hospitales, donde, entre otros males, curarán la envidia, el susto y la maldición. Hace unos meses, el presidente Morales, quien acaba de apoyar a Cusi en sus posturas “jurídicas”, criticó a las universidades por seguir enseñando Derecho Romano y las instó a virar hacia los saberes indígenas.

Posteriormente, en el conflicto entre potosinos y orureños, se inclinó por resolver el problema a la usanza “originaria”, lo que en términos reales significó un enfrentamiento que dejó varios heridos graves. Todo esto es caldo de cultivo para una lamentable talibanización de Bolivia.