El enfermizo empecinamiento del Gobierno con la carretera proyectada por el centro del parque Isiboro-Sécure, ha vuelto a enrarecer el ambiente político y amenaza con desencadenar situaciones muy delicadas. El régimen oficialista ha iniciado una gran ofensiva político-militar en el Tipnis luego de la aprobación de la polémica ley de consulta, producto del manoseo de la Constitución Política del Estado y cuyos alcances y procedimientos no están del todo claros, lo que anticipa que la transparencia no será la principal característica de este proceso.
Del medio de la espesa selva del Tipnis han comenzado a surgir denuncias muy graves sobre la militarización del territorio y el amedrentamiento de los dirigentes indígenas opositores a la destrucción de su hábitat. Lo que empezó como una campaña prebendalista, con ministros y funcionarios gubernamentales llevando regalitos que fueron rechazados por las comunidades originarias, se ha transformado en una acción agresiva que ha puesto a los militares en primera fila, como brazo operativo que busca que los resultados de la consulta sean exactamente los que espera el Gobierno.
Hay denuncias de persecución, de acoso a las comunidades a las que se les niega el suministro de combustible y el derecho a la libre circulación. Eso no sería ninguna novedad luego de lo que se observó con el duro hostigamiento que se les aplicó a los marchistas de la Cidob en los dos meses de caminata a finales del año pasado.
En un principio se dijo que observadores internacionales podrían garantizar la transparencia de la consulta en el Tipnis, pero ha sido precisamente la oficina de la ONU en Bolivia, la primera en lanzar advertencias sobre la falta de claridad en el proceso iniciado el Gobierno.
La delegada del organismo ha despertado muchas dudas sobre lo que se está haciendo y se ha negado rotundamente a avalarlo. Ha pedido en cambio, que primero que nada se busque un consenso que garantice el cumplimiento de las leyes en plena concordia entre las partes.
Lo que existe hoy en el Tipnis es un grave riesgo de enfrentamiento entre comunidades que han sido alentadas por el oficialismo para apoyar su posición y los auténticos dirigentes indígenas que buscan la protección de su hábitat de la angurria de decenas de miles de cocaleros, que buscan cómo ampliar sus fronteras y que actúan como un fuerte acicate del clima conflictivo. Con las recientes posiciones gubernamentales en torno a la coca, al mundo le queda claro, el verdadero propósito que le tiene preparado este Gobierno, no solo al Tipnis, sino a todo el país.
El Gobierno no está midiendo las consecuencias de sus actos y su tozudez , tal como se ha visto en los últimos años, lo ha llevado a cometer serios errores políticos que le han costado la popularidad y el rechazo de la población. La carretera del Tipnis debía ser un caso cerrado. Los indígenas no solo consiguieron demostrar que estaban con todo el respaldo de la ley, sino que se ganaron un sitial de legitimidad que muy pocos sectores han conseguido. El oficialismo debe aprender de sus experiencias fallidas y no llevar al país a más enfrentamientos. El país está por repetir el mismo traspié en menos de un año. Resulta insólito que la inmadurez no lleve a tal extremo.
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