Algo muy fuerte ha tenido que pasar para que, de la manera más sorpresiva, Bolivia y Estados Unidos firmen un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas, interrumpidas hace más de tres años. ¿Será otro coletazo más del Tipnis? Es muy posible, lo que podría colocar a los indígenas de las tierras bajas como los actores que más decisiones han precipitado en los últimos tiempos ¿Será una consecuencia del caso Sanabria? Lo más probable es que sea una suma de varios aspectos.
Y es que no es poca cosa, que justo después de la andanada de acusaciones en contra de la Embajada de Estados Unidos y de USAID, porque supuestamente eran ellos los que le daban plata y apoyo logístico a los indígenas del parque Isidoro Sécure para desestabilizar el Gobierno de Evo Morales, se llegue a un acuerdo largamente esperado y reiteradamente boicoteado por el entorno duro del primer mandatario, cuyas cabezas más visibles son el vicepresidente García Linera y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Justo el mismo día que los marchistas del Tipnis llegaban a la ciudad de La Paz, en la reserva natural que el Gobierno planeaba partir en dos para construir una carretera, la Policía Boliviana descubría una gigantesca fábrica de cocaína operada por narcos colombianos que mataron a un oficial boliviano en un enfrentamiento armado. Nadie puede precisar sobre el grado de implicación del régimen con el asunto de la factoría, la coca, el narcotráfico y el Tipnis, pero el hecho es que, tras el operativo policial, en el que tuvo mucho que ver información proporcionada por actores externos, el presidente salió a admitir públicamente que en Bolivia operan cárteles mexicanos y colombianos y horas después se firmó el acuerdo en Washington. Lo más curioso es que nadie chistó y nadie se opuso.
Otro dato para tener en cuenta. El acuerdo ha sido firmado casi a hurtadillas por funcionarios de menor jerarquía, cuando un convenio de esta naturaleza ameritaba algo de pomposidad y por supuesto, la presencia de los jefes de ambas diplomacias.
El vicecanciller Juan Carlos Arrurralde, quien firmó el acuerdo en Washington con la Subsecretaria para asuntos mundiales, María Otero, ha confirmado que la lucha contra el narcotráfico es una parte importante de las nuevas relaciones con Estados Unidos, lo que para expertos en temas diplomáticos implica el retorno de la DEA al país, algo que según el Gobierno de Evo Morales, no sucedería nunca más, mientras ellos estén en el poder. La última vez que el Gobierno boliviano estuvo a punto de llegar a un entendimiento con la Casa Blanca fue cuando arrestaron al exjefe antridrogas y funcionario del Ministerio de Gobierno, René Sanabria. Como decíamos al principio, lo de ahora seguramente es mucho más grave, como para que amerite el rompimiento de una línea de conducta que le ha dado identidad al “proceso de cambio”.
Resultaría un error considerar este acuerdo como una victoria de la diplomacia boliviana. Sin duda alguna, es el resultado de una situación muy delicada en la que se ha visto envuelto el régimen de Evo Morales, por su excesiva complacencia con el narcotráfico. El retorno de la DEA sería, desde todo punto de vista una excelente noticia para el país, pues ha quedado demostrado que sin la cooperación internacional, las mafias de la droga han proliferado en el territorio nacional y amenazan con causar zozobra y mucha violencia. Del Gobierno depende sacar provecho de este acuerdo, pues se ha demostrado que Estados Unidos es el mejor socio comercial de América Latina. Lo óptimo sería asumir con madurez este nuevo desafío.
Y es que no es poca cosa, que justo después de la andanada de acusaciones en contra de la Embajada de Estados Unidos y de USAID, porque supuestamente eran ellos los que le daban plata y apoyo logístico a los indígenas del parque Isidoro Sécure para desestabilizar el Gobierno de Evo Morales, se llegue a un acuerdo largamente esperado y reiteradamente boicoteado por el entorno duro del primer mandatario, cuyas cabezas más visibles son el vicepresidente García Linera y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Justo el mismo día que los marchistas del Tipnis llegaban a la ciudad de La Paz, en la reserva natural que el Gobierno planeaba partir en dos para construir una carretera, la Policía Boliviana descubría una gigantesca fábrica de cocaína operada por narcos colombianos que mataron a un oficial boliviano en un enfrentamiento armado. Nadie puede precisar sobre el grado de implicación del régimen con el asunto de la factoría, la coca, el narcotráfico y el Tipnis, pero el hecho es que, tras el operativo policial, en el que tuvo mucho que ver información proporcionada por actores externos, el presidente salió a admitir públicamente que en Bolivia operan cárteles mexicanos y colombianos y horas después se firmó el acuerdo en Washington. Lo más curioso es que nadie chistó y nadie se opuso.
Otro dato para tener en cuenta. El acuerdo ha sido firmado casi a hurtadillas por funcionarios de menor jerarquía, cuando un convenio de esta naturaleza ameritaba algo de pomposidad y por supuesto, la presencia de los jefes de ambas diplomacias.
El vicecanciller Juan Carlos Arrurralde, quien firmó el acuerdo en Washington con la Subsecretaria para asuntos mundiales, María Otero, ha confirmado que la lucha contra el narcotráfico es una parte importante de las nuevas relaciones con Estados Unidos, lo que para expertos en temas diplomáticos implica el retorno de la DEA al país, algo que según el Gobierno de Evo Morales, no sucedería nunca más, mientras ellos estén en el poder. La última vez que el Gobierno boliviano estuvo a punto de llegar a un entendimiento con la Casa Blanca fue cuando arrestaron al exjefe antridrogas y funcionario del Ministerio de Gobierno, René Sanabria. Como decíamos al principio, lo de ahora seguramente es mucho más grave, como para que amerite el rompimiento de una línea de conducta que le ha dado identidad al “proceso de cambio”.
Resultaría un error considerar este acuerdo como una victoria de la diplomacia boliviana. Sin duda alguna, es el resultado de una situación muy delicada en la que se ha visto envuelto el régimen de Evo Morales, por su excesiva complacencia con el narcotráfico. El retorno de la DEA sería, desde todo punto de vista una excelente noticia para el país, pues ha quedado demostrado que sin la cooperación internacional, las mafias de la droga han proliferado en el territorio nacional y amenazan con causar zozobra y mucha violencia. Del Gobierno depende sacar provecho de este acuerdo, pues se ha demostrado que Estados Unidos es el mejor socio comercial de América Latina. Lo óptimo sería asumir con madurez este nuevo desafío.
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