Pero el régimen autocrático hará todos los esfuerzos por mantener la situación de zozobra. Es su manera de hacerle saber al país que aún está vigente el estado de persecución política. Ya nadie disimula los métodos. El juez que acaba de ordenar el inicio de un juicio oral a los 39 imputados por el caso Rózsa, ha denunciado fuertes presiones del Ministerio de Gobierno y teme ser víctima de persecución por haber aprobado la cesación de la detención preventiva a dos de los acusados.
La molestia del Ministerio de Gobierno no solo tiene que ver con la liberación de dos acusados, sino también por la exclusión de varias pruebas que no tenían consistencia. Durante la fase del proceso que se llevó a cabo en Cochabamba, se evidenció que el fiscal Marcelo Soza apeló a todo tipo de chapuzas jurídicas con el fin de justificar una acusación que jamás ha tenido asidero. En el momento en que le pidieron la justificación de las pruebas, él dijo que las había destruido y cuando se puso sobre el tapete el caso de soborno del "testigo clave", la reacción fue ignorarlo todo. Pese a todo, la justicia cooptada por el MAS ha hecho tabula rasa con todas las irregularidades con tal de extender la telenovela de mal gusto inventada por algunos terroristas de Estado que ocupan altas funciones gubernamentales.
Entre las pruebas desechadas por el juez Ricardo Maldonado se encuentra la inspección al stand de Cotas de la Fexpo, donde supuestamente se encontró un arsenal. Se pudo constatar que todo el procedimiento de allanamiento estaba lleno de vicios y quedó claro que todo fue producto de un montaje. De la misma manera se debió obrar con la intervención en el hotel Las Américas, ya que existen innumerables evidencias de que en ese lugar se produjo una masacre, que no hubo resistencia de parte de los supuestos terroristas y que más bien se produjeron actos de tortura de parte de las fuerzas policiales que, de la misma manera que en el predio ferial, habrían incurrido en el "sembrado" de pruebas.
Un tribunal de sentencia de la Corte Superior del distrito de La Paz será el encargado de evaluar las pruebas y llevar adelante el juicio oral. No hay duda que lo primero que debe tomar en cuenta es que la única supuesta víctima de este presunto grupo terrorista, el cardenal Julio Terrazas, ha decidido no acusar a ninguna de las 39 personas que tiene bajo imputación la justicia, porque seguramente no confía en todo el proceso que se ha llevado a cabo.
En segundo lugar, los magistrados que tomarán la posta del proceso, deben incluir todos aquellos detalles que sistemáticamente se ha encargado de desechar el fiscal Soza y los otros funcionarios que se dedicaron a manosear a gusto y gana la investigación. Es ahí donde se encuentran las claves fundamentales del caso Rózsa. En todos esos detalles se ve claramente que el terrorismo únicamente ha sido ejercido por agentes del Gobierno. Los jueces tienen la obligación de revisar las autopsias de los tres ciudadanos acribillados en el hotel Las Américas; debe llamar a declarar a ese tal Clavijo, al capitán Andrade, a Nuñez del Prado e incluso al presidente Morales, quien admite haber dado la orden de intervenir aquella fatídica noche del 16 de abril de 2009.
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