El Gobierno ha comenzado a plantear algunos esbozos de lo que será la nueva justicia a partir de las elecciones judiciales celebradas el pasado 16 de octubre.
No son pocos los que han comparado el inédito proceso eleccionario reciente con la fraudulenta elección de Juan Pereda Asbún en 1978. A medida que van surgiendo detalles del escrutinio, se va dibujando un cuadro siniestro de actas fraguadas cuyos números no cuadran y un sinfín de irregularidades que justifican desde todo punto de vista la anulación de los comicios.
Ahora se explica por qué el Tribunal Supremo Electoral retrasó el escrutinio, cuando los datos de las proyecciones del mismo día de la votación arrojaban un estrepitoso triunfo de las opciones “nulo” y “blanco” superior al 60 por ciento. Resulta que luego de más de una semana de “trabajo”, los datos son radicalmente distintos por obra y gracia de quién sabe qué maniobras, las mismas que han merecido varias denuncias.
Lo cierto es que hoy, aquella cara de funeral que tenía el presidente la noche del “anulazo”, se ha convertido en un falso triunfalismo adosado de ciertas expresiones que no corresponden a la promesa de revolucionar la administración de justicia para que beneficie a todos los sectores.
El presidente Morales ha dicho que el “sí”, es decir la opción favorable al Gobierno, ha triunfado sobre todo en El Alto y en las zonas rurales, mientras que la clase media es la que ha resultado más perjudicada por haberse inclinado por el “voto nulo”. Si nos vamos a atener a los antecedentes inmediatos sobre cómo se ha manejado la política en el país, podríamos concluir que a partir de la instalación de los nuevos tribunales, se ejecutará una suerte de operación revancha contra quienes se inclinaron por manifestar su rechazo en la jornada de votación. Esa ha sido la manera de actuar de un régimen que jamás ha gobernado para todos, sino para los sectores que han demostrado lealtad con el voto. ¿Se replicará el mismo modelo en el manejo de la justicia?
El primer mandatario, quien confesó que ni siquiera él sabía por quién votar, ha dicho que sus “compañeros”, han votado a favor de los que vestían poncho, sombrero o tenían alguna señal que los identificaba como indígenas. “Los otros se han perjudicado”, dijo el presidente, confirmando así la manera cómo se han elegido los jueces y la forma cómo van a proceder en los juicios. Esto además ha sido perfectamente corroborado por el diputado del MAS, Lucio Marca, quien ha precisado que el oficialismo y más precisamente la bancada parlamentaria de La Paz, seleccionó los candidatos y estableció la consigna.
En resumen, la nueva justicia del Estado Plurinacional, no solo es el resultado de una grotesca manipulación política, a cargo de un pequeño grupo que maneja todos los hilos del poder en el país, sino que también, será el producto del fraude electoral, de oscuras maniobras que deslegitiman totalmente la autoridad de los nuevos administradores de justicia. Por las declaraciones del presidente, se puede concluir; además, que los nuevos jueces y magistrados estarán al servicio de un solo sector del país, tal como sucede con la política en general, orientada hacia la persecución, el revanchismo y la eliminación del pluralismo.
No son pocos los que han comparado el inédito proceso eleccionario reciente con la fraudulenta elección de Juan Pereda Asbún en 1978. A medida que van surgiendo detalles del escrutinio, se va dibujando un cuadro siniestro de actas fraguadas cuyos números no cuadran y un sinfín de irregularidades que justifican desde todo punto de vista la anulación de los comicios.
Ahora se explica por qué el Tribunal Supremo Electoral retrasó el escrutinio, cuando los datos de las proyecciones del mismo día de la votación arrojaban un estrepitoso triunfo de las opciones “nulo” y “blanco” superior al 60 por ciento. Resulta que luego de más de una semana de “trabajo”, los datos son radicalmente distintos por obra y gracia de quién sabe qué maniobras, las mismas que han merecido varias denuncias.
Lo cierto es que hoy, aquella cara de funeral que tenía el presidente la noche del “anulazo”, se ha convertido en un falso triunfalismo adosado de ciertas expresiones que no corresponden a la promesa de revolucionar la administración de justicia para que beneficie a todos los sectores.
El presidente Morales ha dicho que el “sí”, es decir la opción favorable al Gobierno, ha triunfado sobre todo en El Alto y en las zonas rurales, mientras que la clase media es la que ha resultado más perjudicada por haberse inclinado por el “voto nulo”. Si nos vamos a atener a los antecedentes inmediatos sobre cómo se ha manejado la política en el país, podríamos concluir que a partir de la instalación de los nuevos tribunales, se ejecutará una suerte de operación revancha contra quienes se inclinaron por manifestar su rechazo en la jornada de votación. Esa ha sido la manera de actuar de un régimen que jamás ha gobernado para todos, sino para los sectores que han demostrado lealtad con el voto. ¿Se replicará el mismo modelo en el manejo de la justicia?
El primer mandatario, quien confesó que ni siquiera él sabía por quién votar, ha dicho que sus “compañeros”, han votado a favor de los que vestían poncho, sombrero o tenían alguna señal que los identificaba como indígenas. “Los otros se han perjudicado”, dijo el presidente, confirmando así la manera cómo se han elegido los jueces y la forma cómo van a proceder en los juicios. Esto además ha sido perfectamente corroborado por el diputado del MAS, Lucio Marca, quien ha precisado que el oficialismo y más precisamente la bancada parlamentaria de La Paz, seleccionó los candidatos y estableció la consigna.
En resumen, la nueva justicia del Estado Plurinacional, no solo es el resultado de una grotesca manipulación política, a cargo de un pequeño grupo que maneja todos los hilos del poder en el país, sino que también, será el producto del fraude electoral, de oscuras maniobras que deslegitiman totalmente la autoridad de los nuevos administradores de justicia. Por las declaraciones del presidente, se puede concluir; además, que los nuevos jueces y magistrados estarán al servicio de un solo sector del país, tal como sucede con la política en general, orientada hacia la persecución, el revanchismo y la eliminación del pluralismo.
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