operan carteles de la droga de México y Colombia, el próximo paso
sería decirnos a todos los bolivianos qué va a hacer al respecto.
Durante varios años el Gobierno del MAS ha estado negando
sistemáticamente una realidad que se ha mostrado con sobradas
evidencias a través de la prensa nacional e internacional y que
algunos jefes policiales se atrevieron a reconocer, aunque después
tuvieran que desmentirlo por presiones políticas.
El narcotráfico ha perforado la administración de Evo Morales, eso lo
saben todos a raíz del sonado caso del general Sanabria, y ahora es
posible afirmar que figura como una de sus grandes prioridades, pero
no precisamente para combatirlo. El conflicto del TIPNIS ha revelado
las nuevas realidades del “proceso de cambio”, una de ellas, el nivel
de compromiso del régimen con las mafias que ya controlan algunas
áreas del territorio nacional y que buscan en el parque
Isiboro-Sécure, una suerte de zona de exclusión a la manera de
Colombia o el norte de México. El asesinato de un oficial de policía
es una muestra fehaciente de lo que son capaces de hacer y hasta dónde
quieren llegar. La trampa de la “intangilidad” que se ha inventado el
Gobierno parece ir en la línea de lo que precisamente necesitan los
que pretenden adueñarse de aquella reserva natural.
El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuya base de
operaciones se encuentra en Pando, donde el narcotráfico se ha
incrementado en los últimos años, ha demostrado conocer muy bien las
actividades que se desarrollan en el TIPNIS. Pero en el inventario que
mostró acerca de las ilegalidades que se desarrollan en el parque no
mencionó a los colombianos que operaban una gigantesca fábrica de
droga. Los cocaleros, que se creen dueños de la zona, han dado la
orden de desalojar a los madereros y a los empresarios que explotan el
turismo, pero no dicen nada de otros emprendimientos industriales.
Lo que acaba de admitir el presidente Morales no garantiza su decisión
de encarar una verdadera lucha contra las drogas, que hasta ahora ha
sido más discursos y amenazas que hechos concretos. La tardanza y la
debilidad de sus determinaciones, no sólo ayudan a oscurecer el manto
de sospechas sobre su régimen sino que obliga a otros actores externos
a actuar para buscar la protección de un país que los inunda de droga
todos los días. Brasil, Chile y Argentina han confirmado con hechos
que esperan muy poco del gobierno boliviano y están actuando por su
cuenta. Lo de Sanabria se hizo de espaldas al Gobierno de Morales y se
sabe que en el hallazgo de la factoría de cocaína en el TIPNIS hubo
algo similar, pero esta vez con el concurso de la Policía boliviana,
lo que señala muy claramente que la institución ha comenzado a
cuidarse las espaldas.
La semana pasada se dieron dos noticias muy delicadas para Bolivia en
relación al narcotráfico. El país fue incluido nuevamente en una lista
negra sobre el lavado de dinero, a cargo del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y desde Brasil, llegó un grito de
alerta porque, según el Ministerio de Defensa brasileño, Bolivia está
inundando de droga su territorio. Afirmó también que las fronteras
entre ambas naciones se han convertido en centros de tráfico de armas
y automóviles robados. Hay que recordar que en Brasil ya acusaron al
Gobierno boliviano de ser cómplice del narcotráfico. Evo Morales tiene
la última oportunidad de demostrar lo contrario.
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