martes, 15 de noviembre de 2011

Santa Cruz, zona roja del narcotráfico

Santa Cruz es el departamento más amenazado por el nuevo auge del
narcotráfico que parece un asunto geopolítico antes que un desborde
del crimen organizado. La sociedad cruceña está pagando las
consecuencias del libertinaje con el que se ha estado manejando el
tema de la coca en el país y ya se ven los mismos signos que se
percibieron a finales de los años 70 y principios de la década
siguiente, bajo los auspicios de la narco-dictadura.


Crímenes horrendos, ajustes de cuentas, personas acribilladas a plena
luz del día, son elementos que delatan la presencia de mafias
organizadas que están causando zozobra. El increíble aumento de la
drogadicción, que a su vez incide en la inseguridad ciudadana, son
igualmente indicios que generan preocupación.


Santa Cruz tiene una ubicación geográfica, una extensión y una
composición social que favorece la expansión del narcotráfico. Su
inmensa frontera con Brasil, el mercado más importante de la cocaína
boliviana; la cercanía con el Chapare, el gran motor que dinamiza el
circuito coca-cocaína; las numerosas reservas ecológicas y parques
naturales que han sido invadidas por colonos que siembran coca para
abastecer a los narcotraficantes que cada día ganan más terreno y van
configurando la fisonomía de verdaderas zonas de exclusión que se han
vuelto impenetrables para la Policía. Por último, la cualidad de
región cosmopolita, donde la presencia de extranjeros dedicados al
delito se vuelve mucho menos delatora que en otros sitios del país.
Obviamente, la mejor vinculación caminera, la infraestructura
aeroportuaria y otras facilidades de comunicación son también factores
coadyuvantes.


Todos los días encuentran grandes fábricas de cocaína en Warnes, en
Mora, en el Plan Tres Mil, en Yapacaní. San Germán es ya un inmenso
santuario de los narcos, donde hace unos meses encontraron más de cien
factorías en plena producción. San Matías ha consolidado su estatus de
plataforma de tráfico y exportación de cocaína. Los pueblos de la
Chiquitania están comenzando a correr la misma suerte y el norte
cruceño, con Montero a la cabeza otra vez, se vuelca de lleno a esta
peligrosa actividad que décadas atrás trastocó de manera determinante
el tejido social, destruyó familias, pervirtió a la juventud, acabó
con la vida de miles de personas y mandó a la cárcel a otro tanto,
muchas de ellas en el extranjero.


Acaba de confirmarse que más de un tercio de los detenidos por
narcotráfico en el país están en Santa Cruz. El departamento es
también el mayor centro de operaciones de extranjeros vinculados a las
drogas, especialmente colombianos. Esta situación es un caldo de
cultivo para el recrudecimiento de la violencia. Es una terrible
amenaza para la juventud y para el conjunto de la colectividad, que
lamentablemente vuelve a tornarse contemplativa con este fenómeno,
pese a la mayúscula expresión de rechazo que se produjo a finales de
los años 80, cuando el narcotráfico había conseguido invertir los
valores de la sociedad.


En Santa Cruz no podemos esperar una reacción del Estado central, cuya
actitud parece encaminada en el sentido opuesto a los que no queremos
que se repita la misma historia de oprobio, violencia y corrupción de
hace tres décadas. Estamos frente al mismo desafío y aquella vez
tuvimos la fuerza, el valor moral y la integridad para rechazar este
flagelo. Las autoridades locales y regionales, pese a que se
encuentran con las voces embargadas por el miedo y la obsecuencia,
deberían reaccionar antes de que el diluvio espurio de la droga nos
destruya a todos.