Jiménez tiene nueve causas pendientes en los tribunales de la Corte Superior de Justicia, una por el asesinato de un taxista en el año 2009, varios por asalto a mano armada y otros por el robo de dinero y enseres que representan sumas cuantiosas.
Ninguno de los juicios en contra de Jiménez ha prosperado. Jamás lo han sentenciado por ninguno de sus delitos. Él y sus abogados son expertos en burlarse de la justicia para salir airosos en cada caso, lo que le ha permitido entrar y salir de la cárcel constantemente. Se las ingenia para no asistir a las audiencias. El sistema le ayuda con su ineficiencia y corrupción. La última cita que tenía con el juez se suspendió porque no había sido designado el fiscal del caso y, por último, las víctimas se cansan de andar de Herodes a Pilatos, de gastar dinero y abandonan los procesos, favoreciendo de esta manera a peligrosos delincuentes como Jiménez.
Jiménez está en las mismas condiciones que el 70 por ciento de los reos de Palmasola que no tienen sentencia y que en cualquier momento pueden salir a sembrar el terror en la ciudad. De hecho, solo en el mes de septiembre obtuvieron su libertad 137 reos peligrosos, lo que en parte explica la ola delincuencial que estamos viviendo en este momento.
La gran mayoría de los delitos es cometida por exreclusos que han perfeccionado sus técnicas delictivas en Palmasola, una cárcel donde campea la promiscuidad, el delito, la corrupción policial y la drogadicción, uno de los factores que más contribuye a elevar la inseguridad en la región.
El Ministerio de Gobierno es uno de los que más dinero recibe del Tesoro General de la Nación y ni siquiera quiere hacerse cargo de la comida en Palmasola, pese a que es su responsabilidad. La Policía tiene medios para reprimir a los opositores para espiar y trasladar de aquí para allá a los presos políticos, pero nunca le alcanza cuando se trata de proteger a la ciudadanía. El Estado Plurinacional se ha gastado una suma obscena en unas elecciones judiciales que servirán para que los políticos controlen mejor a los jueces, pero nunca para cambiar los males endémicos de la justicia boliviana, que permite y seguirá permitiendo que cientos, y tal vez miles de Richard Jiménez sigan matando y robando.
El caso de Richard Jiménez es la demostración más escalofriante de la ineficiencia del Estado, de su ausencia, de su miopía. Es la prueba más palpable de que los políticos se ocupan de cualquier cosa menos de buscar cómo servir y proteger a la ciudadanía. Es la evidencia más clara de lo que hay que cambiar en el país, aunque lamentablemente, tendremos que seguir esperando.
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