El Gasolinazo parece ser la única alternativa que se le ocurre al Gobierno para aumentar los ingresos y dinamizar la economía. Pese a que las autoridades nacionales han descartado un incremento de los combustibles para este año, todo indica que la intención es no arruinar las fiestas navideñas como lo hicieron la gestión pasada. Pero con el solo hecho de proponer nuevamente el debate sobre los subsidios a los carburantes, se anticipa la decisión de hacer el reajuste, tal vez no en la dimensión que lo hicieron en el primer intento.
Hay algunos sectores de la economía que están de acuerdo con el “Gasolinazo II” y seguramente serán éstos los convocados al debate, de tal manera de generar un falso consenso, cuyo objetivo es confundir a la ciudadanía.
Decirle sí al Gasolinazo en las actuales circunstancias, equivaldría a manifestar complicidad con el Gobierno sobre el desastroso manejo económico que ha estado ejecutando. El presidente ahora quiere debatir con el país para disponer de más recursos, pero jamás ha consultado a nadie sobre el gigantesco despilfarro que hace de los fondos públicos. Son más de 50 mil millones de dólares que el régimen del MAS ha tirado en empresas públicas que no producen nada, en un lujoso avión, en un satélite chino, en propaganda, en incrementar de manera colosal los gastos corrientes, en agrandar como nunca el aparato burocrático y en muchos otros asuntos que no se han traducido en un aumento de la producción, en más empleo y tampoco en mejorar los indicadores sociales, que siguen como siempre, tal como lo demuestra el último informe del PNUD.
Aprobar el Gasolinazo sería el equivalente a seguirle dando vía libre a la gran farra que empezó el 2006 y que no tiene miras de parar. Hace un año, el presidente Morales dijo que la situación financiera era insostenible, pero aun así, su administración no ha hecho el menor esfuerzo en achicar sus gastos o cuando menos desarrollar un sentido de la prudencia.
Si la ciudadanía le dice “No” al Gasolinazo, estaría obligando de alguna manera al Estado a iniciar un plan de austeridad, le daría el mensaje más claro para que empiece de una vez la revolución productiva que tanto ha prometido, para no tener que seguir batiendo uno tras otro los récords en importaciones. Sería la señal que necesita YPFB para dejar de una vez por todas las jugarretas, las corruptelas y dedicarse a reactivar la industria petrolera, para evitar la creciente importación de gasolina, diesel y GLP, que está generando una deuda externa que no se justifica en un periodo de bonanza.
Sin gasolinazo, el Gobierno se vería obligado a recuperar los mercados que ha perdido en estos años. Nos ayudaría a todos a tener un régimen más pragmático, que abandone sus posturas ideologizadas y se dedique a buscar inversiones, que han caído a su nivel más bajo de los últimos tiempos.
Es muy cierto que los subsidios a los combustibles jamás debieron llegar al nivel en el que están en la actualidad. Pero precisamente esta situación es producto del populismo reinante que envió el mensaje incorrecto a la población, que ahora piensa que todo debe ser gratis o casi regalado por un Estado irresponsable que se dedicó al despilfarro para ganar popularidad.
En cierta forma, los subsidios a los carburantes se han convertido en un reaseguro para que el Estado Plurinacional invierta en la producción agrícola, en mantener bajas las tarifas del transporte y en evitar que la inflación se dispare nuevamente para castigar a los sectores más empobrecidos, por los que el Gobierno hace poco y nada. Parece absurdo proponerlo, pero no cabe otra manera de pensar con un régimen que carece del más elemental sentido de la racionalidad.
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