jueves, 3 de noviembre de 2011

Los coletazos del país ilegal

El país ilegal ha comenzado a dar fuertes coletazos después de la gran derrota sufrida a manos de los legales, representados por la demanda de los indígenas que consiguieron una ley llamada a proteger el parque Isidoro-Sécure.

La pelea de ambos sectores se pone un poco rara. Ya no se trata simplemente de legales contra ilegales. Entre éstos últimos comienzan a surgir problemas. El ex ministro Juan Ramón Quintana, por ejemplo, ve que hay explotaciones madereras fuera de la ley en el TIPNIS, pero nunca ha denunciado la presencia de narcotraficantes en la zona, que dicho sea de paso, cuentan con pistas de aterrizaje y grandes instalaciones para producir cientos de kilos de cocaína por día. Ver una cosa y no ver la otra resulta tan difícil como inexplicable.

Los cocaleros del Chapare, principales proveedores de materia prima para los colombianos que mataron a un policía hace unos días en el TIPNIS, le han dado plazo a los dueños de los aserradores para que abandonen el lugar. Lo curioso es que, hasta no hace mucho, los productores de coca no habían manifestado ningún interés conservacionista y lo que pretendían más bien era conseguir más tierras para sembrar.
Lo sospechoso es que, ya sea con carretera o sin ella, busquen es la exclusividad sobre el parque, ya que también han solicitado la expulsión de las empresas que promueven el turismo, pese a que cuentan con la autorización legal del Estado. El propio Quintana ha dicho que éstas concesiones son ilegales y tanto él como otros operadores del Gobierno tratan de guiar el concepto de la “intangibilidad” del TIPNIS hacia el extremo “ni para mí ni para nadie”, que lógicamente dejaría libre el camino a los ilegales.

Mientras este debate tiende a eternizarse con la expectativa de que la dilatación termine favoreciendo a los ilegales “oficialistas”, en otro lugar, más de ocho mil propietarios de autos robados han comenzado protestar contra la Aduana por la retención de sus vehículos y exigen la nacionalización de los mismos, tal como se ha hecho con otros 100 mil motorizados que ingresaron ilegalmente al país. Ayer ya hubo un bloqueo en Oruro, en tanto que desde Brasil y otros países vecinos esperan la pronta devolución. En el mismo departamento, más de 30 mil vendedores de ropa usada se preparan para resistir a las amenazas de las autoridades de iniciar la incautación de la mercadería, que pese a que ya lleva cinco años de ilegalidad, sigue introduciéndose en el país en grandes cantidades.

Todo esto pone en evidencia que la ilegalidad parece ser el mejor camino que los bolivianos pueden tomar, pues ser productor o comerciante legal en estos días es exponerse a un sinfín de obstáculos, la mayoría promovidos por el Gobierno o por diferentes instancias que se cobijan bajo el manto tan extenso y lleno de dobleces del oficialismo. Un día son los avasalladores, los que invaden tierras o los loteadores y más tarde será la oficina de Impuestos, la Aduana o cualquier otra de las agencias estatales que han dejado de ser entes reguladores y recaudadores para dedicarse a aterrorizar a cuanto establecimiento legal haya en este territorio.

Pero aún con protección del Gobierno, la ilegalidad parece destinada a tropezar o al menos a enfrentarse con otros sectores. Por el momento todo estaba claro, pero lo raro y sobre todo, lo peligroso, es cuando comienzan a crearse bandos dentro del mismo grupo que se encuentran fuera de la ley.